Transportistas ganan el doble de lo que gastan en un día de trabajo

- 07 de octubre de 2019 - 00:00
El cierre de vías ha sido la tónica constante para protestar. La paralización del transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones está penado por la ley.
Foto: César Muñoz / ET

Los líderes de los transportistas no solo tienen como negocio sus unidades de servicio público, también han invertido en otros mercados como el de repuestos automotrices, brokers de seguros y hasta salud.

Históricamente los dirigentes del transporte público han presionado a los gobiernos de turno para mantener y mejorar los beneficios que se les ha otorgado.

De los 81 líderes que registra la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 16 se han perpetuado por más de una década en sus cargos. Ese es el caso de Carlos Macías, quien dirige la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Pesado del Ecuador (Fenacotrape) desde 2007.

Otro dato es que las compensaciones económicas que reciben son más significativas que los gastos que afrontan. Un empleado de la empresa Catar, en Quito, reveló que por la ruta donde opera, el dueño recibe alrededor de $230 diarios por unidad.

De este rubro gasta $95 que comprende: $35 de combustible; $35 para el chofer, que generalmente es un tercero y no el propietario; $15 para el ayudante o cobrador; y $10 por almuerzo de ambos. Es decir, el ingreso supera en más del doble del gasto. Al mes, reciben líquido $4.050.

La inversión en la compra del vehículo bordea los $100.000, si es de segunda mano. Uno nuevo cuesta $150.000. Cada ocho meses se invierte $380 en llantas. El cambio de aceite, cada 45 días, asciende a $160.

Según los trabajadores de buses, que prefirieron guardar su identidad, la jornada laboral se inicia a las 05:00 y concluye a las 22:00. Eso se traduce en 17 horas, sin compensación por horas extras, ni beneficios de ley como décimos, utilidades ni seguridad social.

Un documento de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Quito confirma que existen dueños de micros que poseen hasta cinco unidades.

Ese hecho se repite en quienes diversifican su giro de negocio. Oswaldo Guamán, presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador, posee unidades en tres empresas de transporte escolar e institucional, turístico y terrestre.

Así lo refleja la Superintendencia de Compañías. Y registra un pago de impuestos, en 2016, cuando canceló $351 al Servicio de Rentas Internas (SRI).

El presidente de la Cámara de Transporte Pesado del Ecuador y dirigente desde 1972, Nelson Chávez, tiene buses en seis empresas distintas de transporte y otras no vinculadas al sector.

Ofrece repuestos para vehículos y es corredor de seguros. 2012 fue el año que más impuestos declaró: $46.550,44. Para 2018 el rubro descendió a $8.954,81.

Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador y líder gremial desde 1998, también registra acciones en empresas de artículos automotrices, mantenimiento de vehículos y servicios de salud.

El año que más impuestos pagó fue en 2015: $11.388,62. En 2018 el Servicio de Rentas Internas registra una cancelación de $7.325,33.
Ellos son algunos de los personajes que han encabezado protestas en diferentes lugares del país.

El paro de transportes

Aunque los ingresos que perciben los transportistas superan los egresos, ellos aducen que trabajan a pérdida.
Con base en esa premisa, impulsaron un paro nacional que obstaculizó las vías de 20 provincias entre el pasado jueves 3 y viernes 4 de octubre.

Su excusa fue el rechazo a las medidas económicas anunciadas por el Gobierno nacional, a través de las cuales se libera el precio de los combustibles diésel y gasolina Extra.

Ejecutaron la medida de hecho, aunque el artículo 326 de la Constitución estipula que “se prohíbe la paralización de los servicios públicos de (...) transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios”.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) también establece una pena privativa de libertad de uno a tres años para “la persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo”.

No obstante, el bloqueo de las vías fue la medida de los transportistas para que se les otorgue sus exigencias, no solo en compensaciones y pasajes. En agosto de 2011 se proclamó el último paro nacional, entre los reclamos de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros (Fenacotip).

Ello fue producto de la inseguridad en las vías y, principalmente, por el aumento de los transportistas informales. Sin embargo, la medida se suspendió.

En mayo de 2017 el transporte pesado inmovilizó sus unidades para exigir que el cobro del peaje en la vía Alóag - Santo Domingo se mantenga en $1 para los kilómetros 8 y 88. Este monto subió a $2 en abril del mismo año al darse el acuerdo entre los prefectos Geovanny Benítez (Santo Domingo) y Gustavo Baroja (Pichincha).

En otra ocasión, en 2018 en rechazo a la Ley de Tránsito y el transporte informal, instaron a la paralización en Carchi, Imbabura, Guayas, Pichincha y Esmeraldas. Hace un año frenaron las actividades de buses interprovinciales durante 16 horas.

Estas paralizaciones han provocado pérdidas económicas y de producción social, lo que afecta el normal funcionamiento de la sociedad, así lo explicó Berenice Cordero, titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

“Me parece que estos grupos de poder que ejercen presión, quizás no tanto una presión política pero sí este tipo de demostraciones que paralizan al país lo que están dejando de entender es que hay que ser corresponsables, que la pobreza se radica también cediendo intereses particulares entonces si el país va a vivir dominado por intereses particulares no habrá gobierno que sea capaz de hacer una lucha efectiva y sincerar y contarle al país dónde están las verdades y distorsiones de la economía”.

Pero además de perjudicar a la economía del país, también hubo movilizaciones que propiciaron la caída de gobernantes. Ese es el caso del paro de taxis que desencadenó en la salida del expresidente Jamil Mahuad.

En 1999, los choferes, a lo largo de todo el Ecuador, bloquearon carreteras como rechazo al incremento del costo de los combustibles, dispuesto dentro del plan de austeridad del entonces presidente, Jamil Mahuad, para cubrir el elevado déficit fiscal del país que ascendía a $1.500 millones.

En esa época, el alza representó un aumento del 13,1% en el valor de los carburantes.

Todas estas medidas de los transportistas fueron analizadas en 2010, en un informe del Ministerio Coordinador de la Producción que demostraba lo beneficioso que resultaba para la ciudadanía el subsidio a los combustibles.

El bajo costo de la gasolina y el diésel alentó la compra de vehículos en los últimos años y generó un mayor consumo de carburantes subsidiados.

El uso de diésel y las gasolinas súper y extra se duplicó entre el 2007 y el 2012, pasando de 16,1 millones de barriles a 23,6 millones.
Beneficios que reciben los transportistas

Durante dos décadas, el gremio de transportistas se ha favorecido del Estado ecuatoriano. No solo del subsidio a los combustibles, los transportes debían cumplir obligatoriamente dos revisiones técnicas al año, sin embargo, en 2016, Rafael Correa firmó el Decreto 975 y se disminuyó a un solo control técnico.

Además, los transportistas tienen la exoneración de aranceles para la importación de vehículos. También en 2016, el Gobierno autorizó la importación de 2.500 llantas y 200 unidades libres de aranceles.

En 2017 se estipuló la exención del 100% de impuestos a la propiedad de vehículos motorizados para transporte de carga pesada y la exención del 100% de impuesto a la propiedad de vehículos para transporte pública y taxis.

Actualmente también cuentan con el no pago del impuesto a la renta -eso para quienes sean los dueños de los buses-, un bono de chatarrización, compensaciones económicas, importación de llantas y aceites sin impuestos, aumento de las escuelas para recuperar puntos y derogación de la caja común o sistema de cobro.

Su queja ha llevado varias veces a declararse en resistencia para subir los costos de sus servicios. Por ello, los municipios de las diferentes ciudades han tenido que afrontar valores para no perjudicar a la ciudadanía.

En el caso de Quito, el Municipio entregaba $1.000 por subsidio a cada bus. En dos años, entre 2015 y 2017, esta cantidad le costó a la capital un total de $55 millones.

Este viernes 04 de octubre, tras varias conversaciones entre los dirigentes del transporte urbano, pesado y de taxis y el Gobierno Nacional, dieron por terminado el paro, entre sus pedidos continúa la derogatoria del Decreto 883 que hace referencia a la eliminación del subsidios de los combustibles

Causas registradas

Los diferentes líderes de los transportistas han mantenido causas penales en su contra. La mayoría de ellas han girado en torno a las infracciones de tránsito.

Pero también existen causas por otro tipo de delitos. El presidente de la Federación Nacional De Transporte Liviano, Mixto Y Mediano del Ecuador, Napoleón Cabrera, tuvo en 2008 una denuncia por delito aduanero. Él fue consejero en el Consejo Provincial de Cañar.

Fernando Bonilla, presidente de la Cámara de Transporte de Carga Pesada De Guayaquil, tiene una demanda por irrespetar la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.

Geomar Gruezo Quiñónez, líder de la Unión de Cooperativas de Transporte Intercantonal de Pasajeros de Esmeraldas, tiene un proceso judicial por dinero.

José Santamaría Luna, dirigente de la Cámara de Transporte Público Masivo del Distrito Metropolitano de Quito, afrontó un juicio por asociación ilícita y otro por letra de cambio.

Ellos, durante décadas, han sido las caras visibles de las distintas manifestaciones a nivel nacional. (I)

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El subsidio a combustibles costó $51 mil millones 

Los subsidios a los derivados del petróleo fueron política de Estado de los mandatarios de Ecuador durante varias décadas. Desde el inicio de la dolarización en el gobierno de Jamil Mahuad, hasta 2006 durante el mandato de Gustavo Noboa.
Por este concepto el Estado desembolsó alrededor de $3.342 millones en seis años. De ese monto, $1.155 millones se destinaron a gasolina y $2.187 millones a diésel.

En 2008, durante el gobierno de Rafael Correa, cerca de $2.900 millones se asignaron a esos subsidios (diésel, gasolina y gas licuado de petróleo). En 2013 el monto ascendió a $3.800 millones.

Un año después, en 2014, la cifra fue de $3.160 millones. De ese valor, 1.860 millones se presupuestaron a cubrir el subsidio de diésel, mientras que $1.300 millones para las gasolinas súper y extra.

Según datos del Banco Central (BCE), desde 2007 hasta mediados de 2015, el Estado entregó cerca de $21.558 millones en subsidios para los combustibles. Cerca de $3.900 millones fueron para cubrir el subsidio de gasolina. De ese, monto el 35 % correspondía a súper y extra, el 51 % al diésel, mientras que el 14 % al gas licuado de petróleo de uso doméstico.

En 2018, durante el Gobierno de Lenín Moreno, el presupuesto para los subsidios de combustibles fue de alrededor de $1.700 millones. A pesar de que están destinados para los que menos recursos tienen, en Ecuador, de acuerdo con información del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), existe una distribución desigual de los mismos. Al quintil 5, es decir los hogares con mayores ingresos, le llega un subsidio por combustible de $1.284 al año; mientras que para el quintil más bajo el valor es de $156.

Datos del Ministerio de Economía y Finanzas indican que los subsidios de combustibles han representado al país cerca de $51.900 millones durante los últimos 12 años. (I)

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