Las cuatro claves de la Ley Anticorrupción

Esta semana se prevé que este listo el Informe para segundo debate que irá al Pleno de la Asamblea
07 de diciembre de 2020 00:00

Durante tres años no estuvo entre sus prioridades. Ahora el Legislativo pisa el acelerador para aprobar una Ley Anticorrupción antes del 15 de diciembre. La propuesta sintetiza siete normas. Se busca prevenir, incluir nuevos tipos penales y reformar algunos vigentes. 

La propuesta, a continuación, en cuatro claves:

Nuevos tipos

La normativa creará cuatro nuevos tipos penales para combatir la corrupción: elusión de procedimientos de contratación pública; sobreprecios en contratación pública; actos de corrupción en el sector privado; y, obstrucción a la justicia.

La elusión de los procedimientos de contratación pública hace referencia a las prácticas corruptas en la adquisición de bienes y servicios por parte de la administración pública. Se busca mayor precisión de aquello que prevén los incisos primero y segundo del artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, (COIP) que se refieren al peculado. 

La Comisión de Justicia planteó la necesidad de incluir este tipo específico, para volver más operativo y eficaz el sistema penal.

Los casos de sobornos no son sancionados del mismo modo para el actor privado que para el público. Con la inclusión del tipo corrupción en el sector privado se podrá sancionar cualquier práctica desleal que le dé ventaja a un actor, como la entrega de sobornos. Además, con esta figura pasan a tener responsabilidad las personas jurídicas dentro de todos los delitos contra la administración pública.

Con la inclusión de la figura de obstrucción de la justicia se podrá sancionar a aquella persona que busque entorpecer un testimonio en los juicios de delitos contra la administración pública, ya sea a través de amenazas, intimidación o dádivas; y, cuando pretenda que una persona no rinda testimonio o induzca a la rendición de un falso testimonio. 

Reformas

El tráfico de influencias ya existe en el artículo 285 del COIP con una pena de 3 a 5 años. En la reforma se plantea que si este delito se comete en situaciones de emergencia se aplicará la máxima pena. Además las compañías que incurran en esta falta serán disueltas y deberán pagar una multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general.

El proyecto incorpora, por primera vez en la normativa ecuatoriana, el concepto de “beneficio inmaterial” dentro de los delitos de cohecho, concusión y oferta de tráfico de influencias.

Tiempos

De las propuestas que unificó esta normativa, el primer insumo lo presentó el presidente Lenín Moreno el 5 de marzo de 2020. En mayo de 2020 se recibieron cinco propuestas para sancionar la los actos de corrupción en contratación pública en emergencia. Las mismas se presentaban de manera formal, al mismo tiempo que se conocía de los actos de corrupción, especialmente en el sector de la salud mientras Ecuador vivía los momentos más dramáticos de la emergencia sanitaria por el covid - 19. 

El 30 de septiembre Ecuador se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a poner en orden su economía y aprobar una Ley Anticorrupción para garantizar un préstamo de $6.500 millones.

El primer desembolso de $2.000 se realizó en octubre de 2020. Se prevé un segundo desembolso por el mismo monto antes de que concluya el año, pero es requisito indispensable la aprobación de esta normativa. 

El 15 de diciembre inicia la vacancia legislativa. 

 

Contexto 

La corrupción no es un fenómeno exclusivo del Ecuador. Según la organización de las Naciones Unidas, la corrupción cuesta al menos 2,6 billones de dólares o el 5% del producto interno bruto mundial. Este es un monto gigantesco que no es usado para crear alimentar a los niños, brindar salud o educar a los ciudadanos, poniendo en jaque a las instituciones democráticas. 

Según la empresa Click, en su reporte de noviembre de 2020, el 36,7% de los ecuatorianos creen que el problema más grave que tiene Ecuador es la corrupción. Le sigue la crisis económica con el 30, 48%. 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, entre el despilfarro, los manejos económicos irresponsables y la corrupción, la década pecedente al informe (2018), Ecuador habría perdido $70 mil millones.   

Los funcionarios públicos implicados en corrupción deberían tener prohibición permanente de regresar a la actividad pública, según el 85% de la ciudadanía
El Telégrafo
Lectura estimada:
Contiene: palabras

Te recomendamos

Contenido externo patrocinado