La Asamblea censura a Carlos Ochoa

- 12 de marzo de 2018 - 23:36
Carlos Ochoa abandonó el edificio del Parlamento luego de hablar 13 minutos ante el Pleno.
Foto: Álvaro Pérez / El Telégrafo

El pleno de la Asamblea Nacional, con 119 votos a favor y una abstención, censuró a Carlos Ochoa, el exsuperintendente de Información y Comunicación, que fue destituido de su cargo la semana anterior por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio. La decisión se tomó  poco antes de las 23:30, luego de lo cual se suspendió la sesión.

Ochoa se dirigió a los asambleístas en el Pleno por apenas 13 minutos para presentar sus pruebas de descargo. Sin embargo, usó ese tiempo para afirmar que "he sido convocado por cumplir la Ley, una Ley que aprobó esta Asamblea. Algunos que la aprobaron aún están con su curul. Ese fue mi delito, cumplir la Ley que ustedes aprobaron".

Además fustigó a los medios privados por, supuestamente, privilegiar a las poderes económicos y políticos. Además aseveró que la actual Asamblea busca derogar la Ley de Comunicación empezando con "quien la cumplió".

El exsuperintendente lamentó que antes de escuchar sus argumentos en el proceso interpelatorio, ya se l o había declaró culpable y abandonó el Pleno de la Asamblea Nacional.

Minutos después, Fabricio Villamar (CREO), proponente del juicio político, argumentó que Ochoa violentó reiteredamente los Derechos Humanos de individuos con sanciones a través de la Ley de Comunicación.

El legislador responsabilizó a Ochoa de haber incurrido en abuso de autoridad, de implementar un modelo restrictivo de derechos. Inclusive, el asambleísta advirtió que Ochoa deberá también enfrentar la justicia ordinaria por adulterar la Ley de la Comunicación.

Posteriormente intervino el legislador Homero Castanier en reemplazo de la otra interpelante de Ochoa, Lourdes Cuesta, quien goza de permiso médico por embarazo.

Castanier -también de CREO- indicó que Ochoa "no solo irrespetó normas constitucionales, los derechos humanos, atribuciones como servidor público, sino también logró beneficios propios como persona natural".

Aseguró que la Fiscalía General y la Contraloría del Estado deberán establecer acciones de responsabilidad administrativa y penal en contra del exsuperintendente. (I)

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