Las FF.AA. insisten en la reforma de sus leyes

- 15 de noviembre de 2019 - 00:00
El general Luis Lara (der). pidió las reformas a las leyes de las Fuerzas Armadas. Esa también es una aspiración del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.
Foto: John Guevara / El Telégrafo

El nuevo Código de Seguridad fue entregado a la Asamblea en octubre de 2018. Allí se incluyen cambios para el personal y tareas de inteligencia.

El nuevo jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, general Luis Lara, advirtió sobre la necesidad de contar con una ley que respalde el accionar militar. Es imprescindible, según él, en los nuevos escenarios en donde deben intervenir los militares para no solo cuidar las fronteras sino también la seguridad en el país.

Su aseveración ocurrió a propósito de las últimas manifestaciones, en las que la violencia escaló y los militares tuvieron problemas para enfrentar la presencia de grupos agresivos. Pero este no es un pedido reciente. Desde octubre del año 2018 el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, insistió en la necesidad de reformar las leyes que dan el marco legal a las FF.AA.

Ese día presentó a la Asamblea el proyecto de Código Orgánico de Seguridad, que hasta la fecha sigue en debate en la Comisión de Asuntos Internacionales y Soberanía del Legislativo.

Jarrín explicó que la propuesta recoge “un trabajo intenso, coordinado y armónico que busca dotar de instrumentos que permitan que las conductas ciudadanas y procedimientos institucionales se consoliden”.  

El general Lara enfatizó que las Fuerzas Armadas al momento trabajan en una visión estratégica con un horizonte de 10 años, que se orienta a garantizar al país una vida de paz.

Esto para impulsar una institución moderna, adaptable, multimisión, con capacidad operativa y autonomía logística, dotada con medios multipropósito para el despliegue rápido.

Por eso consideró que se necesitan líneas de mando simples y directas que eviten la duplicidad de tareas. También dijo que el país debe enfrentar nuevas “amenazas asimétricas en una guerra de alta complejidad”.

Sostuvo que existen grupos que pretenden destruir la nación y sus instituciones;  por lo tanto se requiere una visión estratégica de defensa y de seguridad.

Para esto se necesita de un marco legal propicio que apoye su accionar, especialmente en el control de conflictos internos. La normativa propuesta se compone de 4 ejes referidos a la Defensa Nacional, Seguridad Pública y Ciudadana, Inteligencia Estratégica, además de Gestión de Riesgos.

Para el analista Andrés Albuja, el primer gran desafío es el fortalecimiento de las capacidades estratégicas conjuntas de las FF.AA. Para ello es imprescindible mejorar los medios militares y consolidar estrategias de ciberdefensa.

Las iniciativas de reformas legales a través de Códigos de Seguridad pueden optimizar el gasto en la fuerza pública y tener mayor eficiencia en indicadores sociales de seguridad.

Sin embargo, cree que esta reforma debe articularse con las competencias del Gobierno central, los gobiernos descentralizados y la iniciativa privada, las reformas constitucionales y el Código Penal. Caso contrario -sostuvo- existiría el peligro de seguir en un círculo con resultados ineficientes.

La catedrática Bertha García, experta en temas castrenses, sostuvo que es primordial que las reformas en seguridad contemplen un sistema de inteligencia, además de uno policial y otro del Estado.

Pero deben evitar hacer lo mismo que las otras entidades para que con los elementos que aporten por separado, se haga el análisis estratégico y prevenir así situaciones violentas, como las sucedidas en el paro.

El jurista Esteban Ron dijo que la propuesta del Código de Seguridad constituye una acción adecuada; sin embargo, cuando se implementa una política pública deben vigilarse los principios de competencia, a través de una estructura organizada y no solo con la fijación de una entidad rectora.  

Fernanda Bastidas, catedrática de la Universidad Internacional, afirmó que la normativa debería incorporar la disposición de que los elementos militares cumplan y garanticen los DD.HH. como ya lo dispone la Constitución. Entre ellos, el derecho a la paz, seguridad, a vivir en democracia y libre de corrupción. (I)

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