Enrique Ayala Mora: La consulta da seguridad jurídica al país

- 14 de octubre de 2018 - 00:00
Enrique Ayala Mora. Fundador y profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Foto: Carina Acosta / El Telégrafo

El académico socialista analiza la consulta popular y el trabajo del presidente del Consejo de Participación Transitorio. Habla sobre la seguridad jurídica como un elemento indispensable en una democracia y la falta de cultura política del país. Traza las preguntas de la consulta.

Su oficina está llena de libros. Hay documentos sobre su escritorio y pequeñas figuras de papel: origamis. Enrique Ayala Mora, fundador y profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, conversó con este diario sobre el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y la consulta popular.

El anuncio de Julio César Trujillo sobre su eliminación levantó polémica. ¿Usted está de acuerdo con esta tesis?
Julio César Trujillo ha puesto el dedo en la llaga. Es decir, ha señalado uno de los peores errores y lacras que tiene la Constitución: el Consejo de Participación, un organismo sin representatividad que suplanta a la sociedad civil.

El problema más serio es que el Estado mismo, en forma ventrílocua, representa la ciudadanía, cuando esta tiene representantes: sindicatos, colegios profesionales, iglesia, cámaras, empresas. La Constitución de Montecristi estatiza a la sociedad.

El Estado debe tener una intervención fuerte en la economía y en el control de ciertos aspectos de la vida social. Pero nunca puede confiscar a la sociedad su representación. Además, la forma de nominación es absolutamente antidemocrática. La Función de Transparencia, entre esta, el Consejo de Participación no debe existir.

En realidad, ¿qué quiere Julio César Trujillo?
El presidente del Consejo de Participación Transitorio sabe que tiene mucho respaldo popular. Él quiere que ese apoyo se exprese en términos formales para evitar que las decisiones tomadas se reviertan. Trujillo quiere aprovechar el legítimo prestigio del consejo para que la ciudadanía establezca que no hay posibilidad de alteraciones que amenacen la seguridad jurídica del país.

¿Pero no se corre el riesgo de que esa consulta se convierta en una especie de plebiscito a favor o en contra del Gobierno?
Los gobiernos toman medidas impopulares que los deterioran frente a la opinión pública. En política ninguna decisión es inocua, todas tienen un nivel de riesgo y se requiere luchar por ellas. El Presidente, quien ha dado muestras mayores de lo que la gente esperaba, va a tener firmeza en este tema.

¿La eliminación del Consejo de Participación Transitorio implica un cambio en la estructura del Estado o no?
Hay dos mecanismos ordinarios de cambio de la Constitución. El primero se trata de las enmiendas que no implican transformación de la estructura del Estado. El segundo mecanismo tiene que ver con las reformas que pueden significar cambios de la estructura del Estado y de poderes. Eso no tiene limitación en la propia Constitución y no hay ningún artículo que lo prohíba.

En una consulta popular se podría modificar el 90% de la Carta Política, aunque no sería físicamente posible porque no se puede consultar sobre 400 artículos. Pero, teóricamente, es posible y el mecanismo extraordinario de reforma de la Constitución es la Asamblea Constituyente. No se puede recurrir a ella todo el tiempo, sino en ocasiones excepcionales. Pero la Asamblea Constituyente no es inmediatamente posible porque debe partir de un consenso nacional. Primero se hacen los consensos y luego las reformas.

¿Una Asamblea Constituyente sería adecuada en este momento político?
No sería aconsejable y coincido con algunos voceros del Ejecutivo que la consideran no viable. Nos queda el mecanismo de la consulta. De mi larga experiencia en Derecho Constitucional, la consulta puede efectuar una reforma constitucional que elimine los poderes del Estado y cambie la estructura del Estado porque el soberano es el pueblo. Lo que no se puede hacer es una enmienda vía Asamblea Nacional. Pero eso sí lo hizo Correa.

¿Los correístas dicen que el Gobierno quiere hacer esos cambios para supuestamente blindar todas sus inconstitucionalidades e ilegalidades?
Los correístas blindaron sus irregularidades. Se han pasado todos los años tratando de ocultar los mecanismos de transparencia que permitan saber cuánta plata se llevaron, cómo lo hicieron y dónde la tienen. Ellos dicen lo que quiera, tienen muy poca credibilidad. Pero el país necesita seguridad jurídica. Si votó porque el Consejo Transitorio comience un proceso de institucionalidad del país, eso debe mantenerse. De lo contrario, puede venir un nuevo consejo electo que dé marcha atrás y eso sería muy peligroso.

Según CREO, no se puede suprimir el Consejo de Participación con una Constituyente porque no hay una Corte Constitucional. Para el momento en que esté esto, si el presidente Moreno acepta presentar la propuesta de consulta la Corte Constitucional (CC) debe estar integrada. No puede haber una consulta sin que se haya enviado el pedido a la CC. La corte cesada intencionalmente no tomó una decisión y se pasaron los plazos. Por eso, el Consejo Transitorio agilita el nombramiento de la corte.

El presidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio, Gustavo Vega, señaló que se debe acorazar las decisiones para que no se vayan a pique. ¿Es así?
Eso es seguridad jurídica, que no le cambien las reglas en “medio del baile”. Algunos países cambian sus constituciones en procesos de 10 años. Eso es cultura política y Ecuador tiene que desarrollar esa cultura. Hemos retrocedido en algunos aspectos porque en 10 años se pateó el tablero, se demolió el sistema político y se creó otro a la medida de un caudillo. No se puede cambiar un país a la medida de un dictador.

¿Qué preguntas debe tener la consulta popular?
La reestructuración del consejo para cumplir con la participación ciudadana, mientras la designación de todas las autoridades de control debe ir a la Asamblea. También que las atribuciones sobre la lucha contra la corrupción del consejo pasen a una Comisión Nacional Anticorrupción.

Además, reducir el número de asambleístas a menos de 100: no necesitamos a los nacionales ni a seis de circunscripciones del exterior, cuando pueden ser tres. Eso significa ahorro en asesores, personal administrativo y funcionarios. Otro tema es devolver la autonomía a la Corte Nacional de Justicia y transformar la Contraloría en un tribunal de cuentas como en otros países. (O)

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