Las causas contra Correa se acumularon en una década

- 22 de julio de 2018 - 00:00
Foto: Archivo / El Telégrafo

Según los juristas consultados, la mayoría de estas fueron archivadas por la “inacción de los exfiscales”. Sin embargo, esperan que el fiscal Paúl Pérez investigue los últimos casos.

El expresidente de la República, Rafael Correa, acumula causas en la Fiscalía (ver infografía). Tiene al menos 18 denuncias en esta entidad.

Entre ellas: autor intelectual del secuestro de Fernando Balda, tráfico de influencias, peculado, concusión, delincuencia organizada, uso doloso de la deuda, injurias, daño moral, intimidación, genocidio, delito de odio e injerencia en la justicia.

Estos casos se presentaron desde 2007, cuando inició su primer periodo de gobierno, hasta 2018. La mayoría de las denuncias en contra del exmandatario, a lo largo de los 10 años que estuvo en el poder, jamás prosperaron en la Fiscalía.

Los exfiscales Jorge German, Washington Pesántez, Galo Chiriboga y Carlos Baca, excolaboradores cercanos de Correa, las olvidaron.

Por ejemplo, es el caso de Carlos González, exdiputado de la Izquierda Democrática (ID), demandó a Correa en la Fiscalía por injurias y atentar contra la seguridad del Estado, en junio de 2007. ¿La razón? El expresidente pidió a la Asamblea Constituyente la disolución del Congreso.

Para el jurista Stalin Raza, la justicia estuvo cooptada y subordinada al poder político. Explicó que en la actualidad en el caso Balda hay evidencias de que “se daban disposiciones de suspender las investigaciones y no hacer diligencias para investigar”.

La Fiscalía no cumplió con su trabajo y archivó las denuncias. Pero sí indagaba y sancionaba a los denunciantes cuando Correa lo pedía.

Esto ocurrió con el caso de Quinto Pazmiño. En junio de 2007, Pazmiño (fallecido), exasesor del Ministerio de Economía cuando Ricardo Patiño era titular de esa cartera de Estado, presentó una denuncia en contra de Correa por injurias en el caso de los “Pativideos”.

Este mostraba una conversación del exministro Patiño con tenedores de bonos del Estado. Por ello, Pazmiño fue a la cárcel por una demanda que puso en su contra Correa por presuntos delitos de ofensas a instituciones públicas e injurias y amenazas al Presidente de la República.

Otros denunciantes investigados y sancionados fueron: el activista político Fernando Villavicencio; Cléver Jiménez, exasambleísta por Pachakutik; y el médico Carlos Figueroa. Ellos denunciaron al exmandatario por delitos de lesa humanidad. Condenaron el ordenar, el 30 de septiembre de 2010, que se dispare contra un hospital en donde estaban civiles.

Pero Correa puso una contrademanda por el delito de injuria. La justicia falló a favor del expresidente y los condenaron a 18 meses de cárcel, y a pagar $ 140.000 como indemnización al expresidente, acompañada de las disculpas públicas.

El penalista Gonzalo Silva señaló que la Fiscalía debe responder por qué no investigó esos casos. “Hoy vivimos otra época. Pero nos preguntamos ¿por qué no se han aperturado las nuevas instrucciones?”. Considera viable porque dice que ya tienen en sus manos informes con presunta responsabilidad penal, emitidos por la Contraloría del Estado, que son requisitos de procedibilidad para los delitos contra la administración pública.

Tres de las denuncias en contra de Correa fueron interpuestas por el Movimiento Popular Democrático (MPD) y actual Unidad Popular.

En 2017 pedían la vinculación del exmandatario en el caso de corrupción de Odebrecht (junio), por el manejo de la deuda pública (agosto) y tráfico de influencias e injerencia en la justicia (septiembre). Pero las indagaciones no las realizó la administración del fiscal Baca.

Para el jurista Pablo Encalada, la Función Judicial fue secuestrada por el poder político en la década que gobernó Correa. “El expresidente tiene muchos casos, en los cuales se sospecha que ha tenido participación en peculado, secuestro, fraude procesal. Ahora ese Poder Judicial se ha liberado y está investigando”.

En la Fiscalía, dirigida actualmente por Paúl Pérez, hay pedidos para vincular a Correa a procesos legales y llamarlo a rendir versión en casos como Petrochina, Odebrecht, Petroecuador, Singue, Medios Públicos, entre otros.

El jurista Marcelo Dueñas considera que el impulso fiscal de asistencia penal internacional, que fue emitido en días anteriores, para seguir la ruta del dinero mal habido, implica que hay un cambio para defender los interés del Estado. (I)

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