Desde la sede del partido Avanza, en Quito, el exministro de Industrias, Ramiro González, expresó su respaldo al bloque legislativo que ayer decidió no respaldar el Proyecto de Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento de Trabajo del Hogar.

Alrededor de 50 militantes arribaron estuvieron presentes en la rueda de prensa que ofreció González, en compañía de los 5 asambleístas de su bancada. Todos lo aplaudieron a su ingreso.

González hizo un amplio repaso sobre la gestión que realizó cuando fue Presidente del Directorio del IESS (5 años): que en su periodo se logró un trato digno para los jubilados, que se asignaron pensiones dignas, que se administró con eficiencia a los hospitales de la seguridad social, que se respetó el trabajo de los médicos, que se construyó una red de hospitales, que se dignificó al seguro social campesino.

Además destacó que en su administración se creó el Banco del IESS, que era un mandato constitucional, y que se mejoró la eficiencia en la entrega de los préstamos quirografarios e hipotecarios.

Pero su salida del gabinete ministerial dejó en duda cuál será el rol político que su movimiento, uno de los aliados del Gobierno y que forma parte del Frente Unidos, mantendrá de ahora en adelante. "Con Alianza PAIS no hemos tenido un acuerdo nunca, el acuerdo fue con el presidente (Rafael) Correa. No es ninguna ruptura, simplemente es una diferencia de criterio en un tema fundamental", apuntó.

Aseguró que seguridad social es un tema delicado y por eso decidieron no apoyar el artículo que elimina la obligatoriedad del Estado de aportar el 40% de las pensiones jubilares. "Hago un llamado a deponer actitudes cortoplacistas y pensemos por primera vez en un gran pacto nacional para hacer las reformas necesarias a la seguridad social".

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Aseguró que al igual que el Presidente Correa, su partido está convencido de que la seguridad social necesita una reforma integral  y que dicho proyecto ya estaría listo, para el cual "estaremos listos a apoyar los verdaderos cambios que fortalezcan el sistema".

Destacó que este Gobierno haya pagado $888 millones al IESS por deudas de otras administraciones e insistió en que su decisión no tiene cálculo político, pero que sí han sabido señalar los campos en los que no estuvieron de acuerdo.  A su criterio, sí existe una deuda del Estado a favor del IESS, pero el monto es incalculable por la falta de reglamentación, la cual se trabajó durante su administración, pero jamás se concretó. (I)