El presidente Lenín Moreno remitió a la Asamblea el veto parcial a la Ley para la Aplicación de la Consulta Popular del 19 de febrero, que incluyó a los paraísos fiscales. El Ejecutivo realizó objeciones a 3 artículos y 4 disposiciones reformatorias.

Los cambios se plantean para apegarse al mandato popular. En el artículo 2 se establece que el funcionario público que desempeñe sus funciones en un paraíso fiscal puede tener una cuenta o un bien inmueble, siempre y cuando estos sean necesarios para el desarrollo de su misión. Y la adquisición se haya dado en ese tiempo.

El texto enfatiza que “mientras menos excepciones existan, la legislación será más fiel al mandato popular”.

La segunda objeción se refiere al artículo 8 y 9 y trata sobre la destitución del cargo de personas que ostenten una dignidad de elección popular. (I)