“La firma española Acciona está a cargo, en la práctica, de la construcción de la Fase II del Metro desde hace algunos días”, dijo ayer una fuente del Municipio de Quito que pidió no ser identificada. Aquello es a propósito de la revelación de que la brasileña Odebrecht, la otra parte del consorcio ejecutor de la obra, gestiona su salida.

Ayer, el concejal Carlos Páez (Alianza PAIS) señaló que los integrantes del bloque conocieron el tema el 14 de noviembre pasado.

El pedido de Odebrecht se encuentra en manos de los organismos multilaterales que financian la obra: Banco de Desarrollo de América Latina (ex Corporación Andina de Fomento -CAF-), Banco Mundial (BM), Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El traspaso de acciones y derechos de un socio del actual consorcio al otro requiere el aval de los financistas externos. La respuesta podría conocerse el próximo mes.

La salida de una de las partes del consorcio no afectaría la construcción. La estructura del contrato permite que una de las partes del consorcio se haga cargo de la Fase II del sistema de movilidad o busque un socio equivalente.

Páez confirmó aquello y señaló que el 27 de julio del año pasado, a nombre de la bancada de PAIS, envió un oficio al alcalde Mauricio Rodas pidiéndole aclaraciones sobre la situación del proyecto, tras la sentencia a 19 años de prisión en Brasil contra el principal funcionario de la constructora.

El 13 de agosto de 2015, AP recibió respuesta de la Alcaldía. En ella se les informa que ambas partes del consorcio “tienen responsabilidad integral sobre la obra”, lo cual significa que, ante la salida de una parte, la otra asume la construcción, con la posibilidad de que -en caso de ser necesario- pueda integrar a un nuevo socio.

El detalle fue confirmado el 26 de agosto del año anterior en un informe de la gerencia jurídica del Metro de Quito a todos los miembros del Concejo Metropolitano.

Ayer, el concejal Sergio Garnica (independiente) ratificó a la prensa que el contrato establece la subsidiariedad de las partes.

Acciona ya estuvo encargada de la Fase I del Metro, que consistió en la construcción de las estaciones El Labrador (norte) y La Magdalena (sur).

IR AL ESPECIAL CASO ODEBRECHT

El miércoles pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un informe sobre la entrega de sobornos por parte de Odebrecht en varios países, incluido Ecuador.

Sin precisar detalles, la entidad estadounidense emitió un informe, el miércoles pasado, respecto a la supuesta entrega de coimas por unos $ 33,5 millones en el país a cambio de contratos.

Sin embargo, ni esa denuncia ni la actual situación de la constructora brasileña respecto al proyecto han detenido los trabajos.

Entre las 08:00 y las 15:30 de ayer, por ejemplo, un tramo de la av. Ajaví (al sur de Quito) fue cerrado por labores relacionadas con la estación Solanda del sistema subterráneo de transporte, según dio a conocer el Municipio.

Asimismo, continúa el ensamblaje de la tuneladora denominada la ‘Guaragua’, la primera llegada al país de las 3 que se utilizarán el próximo año en la excavación del túnel de 22,6 kilómetros por el que circularán los trenes.

El contrato para la segunda fase del Metro fue firmado el 26 de noviembre de 2015 en el Palacio de Cristal del Itchimbía por un valor de $ 1.538 millones.

La cifra equivale a un incremento de $ 440 millones sobre el presupuesto referencial establecido para esa parte de la obra en los estudios realizados por la empresa Metro Madrid durante la pasada administración municipal.

El incremento se atribuye al alza de los costos indirectos (ganancia, porcentaje frente a riesgos del proyecto y gastos administrativos) por parte de los 4 consorcios finalistas de la licitación.

El proceso de adjudicación se realizó de acuerdo con lo que establecen las normas internacionales de contratación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que establecen la adjudicación a la menor oferta económica.

Con los más de $ 1.500 millones que se invertirán en la Fase II, el costo total del proyecto se elevó a $ 2.009,8 millones. (I)

DATOS

El material rodante (18 trenes, vehículos auxiliares, equipos, herramientas y repuestos) serán provistos por el consorcio CAF Metro de Quito.

La adjudicación del contrato para estos elementos se realizó en julio de 2014 y el valor fue establecido en unos $ 183,5 millones, alrededor de $ 10 millones menos que el presupuesto referencial.

Está previsto que el sistema subterráneo de movilidad transporte a unas 400.000 personas diarias. Cada tren tendrá una capacidad de transportar a 1.500 personas por viaje.

El tiempo de viaje promedio entre las estaciones Quitumbe (al sur) y El Labrador (al norte) será de 34 minutos, con una velocidad de 37 km/h, aproximadamente. (I)

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Buscan información sobre sobornos

Fiscales de Panamá viajan a Estados Unidos

Fiscales panameños viajaron ayer a EE.UU. en busca de información sobre el supuesto pago de sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios del país centroamericano.

La Fiscalía General del Estado panameña informó en su cuenta de Twitter que los fiscales “buscan detalles de presuntos actos de sobornos y utilización de instituciones financieras en Panamá”.

Aquello fue luego de que el Departamento de Justicia de EE.UU. divulgó un informe según el cual Odebrecht pagó sobornos en países latinos para obtener contratos.

En el caso de Panamá, ese documento revela que la constructora brasileña pagó entre 2010 y 2014 más de $ 59 millones en cohechos a cambio de contratos valorados en más de $ 175 millones.

El diario local La Prensa, citando al periódico O Estado de Sao Paulo, publicó que el exejecutivo de Odebrecht Luiz Eduardo Soarez dijo a fiscales brasileños que los pagos de comisiones “se hicieron a dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli”.

De acuerdo con esa versión, Odebrecht habría dado $ 6 millones a los hijos del exgobernante para obtener contratos de obras públicas.

Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del exmandatario, negaron las acusaciones y anunciaron posibles medidas legales contra los autores de las publicaciones.

“Rechazamos el inicio de las campañas mediáticas que buscan, sobre la base de publicaciones sin fundamento alguno, involucrarnos con una supuesta coima (comisión) de $ 6 millones”, afirmaron en un comunicado entregado a la prensa local. (I)