En su oficina hay una vista hermosa de la capital de los ecuatorianos. Pablo Dávila, abogado, especialista en Gobernabilidad y Democracia Ambiental y en Derecho Administrativo, es integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Él, quien no es ampuloso con las palabras, conversó con EL TELÉGRAFO sobre el trabajo del organismo.

¿Cómo ha sido el camino en estos 6 primeros meses de trabajo y qué dificultadas encontraron?

El tiempo ha sido un factor difícil. Hemos tenido que planificar, organizar y ejecutar un trabajo de 6 meses para la evaluación de las autoridades. Tampoco hemos tenido suficientes recursos humanos. No obstante, formamos los equipos para laborar de manera ordenada y en poco tiempo cumplir con el mandato que nos dio el pueblo, a través de la consulta popular.

¿Qué identificaron en estos meses?

Queremos recuperar varios conceptos de transparencia en el servicio público que no han sido la prioridad en los últimos 10 años. Hemos constatado que instituciones y funcionarios han trabajado por un interés particular político-partidista. Por lo tanto, ellos han priorizado intereses de orden clientelar antes que los del pueblo ecuatoriano.

¿Qué falta en esa fase de la evaluación y qué sigue después?

Las tareas de evaluación a las autoridades terminarán el 31 de agosto. En ese proceso está la Corte Constitucional (CC), a cuyos vocales ya estamos evaluando; el Tribunal Contencioso y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. También están en la lista un par de delegados que son nombrados por el Consejo de Participación.

Luego entraremos al proceso de designación de autoridades. Y, finalmente, al de recomendaciones sobre política pública, reformas a la normativa como la de Contratación Pública, por ejemplo, y generar un consenso para recuperar activos y la plata robada.

¿Quién fue el funcionario más renuente a que le quiten su puesto?

Todos han tenido sus argumentos al respecto. Todos dijeron que no querían dejar sus funciones. Nosotros, más allá de la posición particular, evaluamos los argumentos que justifiquen esas pretensiones.

Gustavo Jalkh, expresidente del Consejo de la Judicatura, y Diego Rivadeneira, exdefensor del Pueblo, se mostraron contrarios a la evaluación.

Un servidor público debe ser responsable, transparente y, sobre todo, humilde. Esto tiene que ver directamente con la humildad del funcionario ante la voluntad ciudadana y aceptarla en el caso de las evaluaciones.

¿Dónde han evidenciado más casos de corrupción?

Hay varios casos que están vinculados a los sectores estratégicos de la economía nacional. Allí se han dado los mayores perjuicios para el Estado. En este instante estamos evaluando temas de infraestructura vial, del sector hidroeléctrico, petrolero, que quizá formen parte del mayor perjuicio en términos de las cifras que se han manejado. Pero también evaluamos la intervención de los actores que están vinculados y cómo han sido perjudicados los intereses públicos.

La secretaria de lucha contra la corrupción del Consejo, María Arboleda, anunció que se investigan las megaconstrucciones del exgobierno de Rafael Correa. ¿Cómo va ese trabajo?

Tenemos dos secretarías internas importantes: la de investigación y la de participación ciudadana. La primera está centrada en evaluar las denuncias y el mayor perjuicio que se hizo al Estado. Esperamos los resultados concretos. La segunda está encargada de fortalecer la participación.

También hay más de 3.000 denuncias por corrupción. ¿Por qué cree que esta se desató en el gobierno de Correa?

Desafortunadamente, identificamos un esquema sistemático de promoción de la corrupción. Hoy la ciudadanía tiene la posibilidad y la confianza para denunciar. Por eso esas denuncias se han multiplicado en el Consejo. Intentamos dar cabida a sus pedidos de investigación, especialmente donde el impacto en contra de los intereses públicos sea más grande.

¿Ustedes comprobaron que el Consejo de la Judicatura (CJ) metió la “mano en la justicia”?

El CJ afectó los 5 parámetros de la evaluación, desde la legitimidad en el ejercicio del cargo hasta la legalidad de sus funciones, la gestión de fondos públicos y la transparencia. Había una multiplicidad de elementos, pero su intervención en la administración de justicia fue el elemento más radical y poderoso para la sanción a los vocales del Consejo de la Judicatura.

¿Usted cree que la Corte Constitucional (CC) se prestó para el control político del expresidente?

Eso es algo que no puedo adelantar, hay una evaluación en marcha.

La Fundación Democracia y Desarrollo sostiene que el Consejo se está extralimitando en sus funciones y que sus decisiones se alejan del marco legal existente. ¿Es así?

No es así, para mí todo debate jurídico que contribuya a la discusión objetiva de los temas es positivo. Sin embargo, en opinión del Consejo Transitorio estamos actuando apegados al anexo 3 y al mandato de la consulta popular.

Los correístas dicen que ustedes afectan la institucionalidad del país.

No es de sorprenderse que quienes están siendo juzgados se opongan a la evaluación. Pero al país le queda claro que durante los últimos 10 años se afectó la institucionalidad del Estado. Nosotros la estamos recuperando.

Hay críticas por el nombramiento de autoridades encargadas en las instituciones. Dicen que era mejor llamar a concursos. ¿Es así?

Siempre hay diferentes opciones. Nuestras decisiones se han tomado y pensado con base al interés ciudadano y a la voluntad popular. Para combatir la corrupción y la impunidad no nos concentramos en las designaciones ni en los concursos definitivos. Pero para dar vialidad a esa transición, fundamentada en el anexo 3, se han nombrado autoridades transitorias que serán reemplazadas a la brevedad posible.

A pesar de esas críticas, los ciudadanos valoran su trabajo y temple para devolver la democracia al país.

Cada día estamos comprometidos en cumplir con las tareas extraordinarias y ordinarias que nos dio el pueblo ecuatoriano.
La mayoría de los ciudadanos ve con aceptación y de manera positiva lo que hacemos. Ese es el principal termómetro para seguir adelante.

¿Cómo recuperar la institucionalidad?

El trabajo del Consejo es el primer paso. La institucionalidad es una tarea a mediano y largo plazo que involucra a todos los ecuatorianos. Esperamos que las autoridades designadas cumplan con el rol de arreglar las cosas hacia dentro.

Es un problema sistémico que no se queda en las cabezas; hay que bajar hacia los mandos medios y hacia todos los funcionarios. Eso es parte de la lucha que le corresponde a las autoridades designadas y a los ciudadanos, que no dejen pasar los actos de corrupción y denuncien. Así se recupera la confianza y la institucionalidad.

¿Usted cree que cambiando todo esto el país pueda librarse de la corrupción?

El país tiene que hacer una lucha sistémica contra la corrupción. Esto implica actuar en el campo educativo, hacer reformas estructurales en el sistema, tener estrategias de difusión, un esquema jurídico y un compromiso político. (I)