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Documentos y equipos de Odebrecht fueron incautados en allanamiento en Guayaquil

Las oficinas de la empresa brasileña están ubicadas en un centro comercial de Guayaquil.
Las oficinas de la empresa brasileña están ubicadas en un centro comercial de Guayaquil.
Foto Fiscalía
23 de diciembre de 2016 - 09:45 - Redacción Justicia

Elementos de la Policía Nacional y de la Fiscalía allanaron dos oficinas de la compañía Norberto Odebrecht, ubicadas en un centro comercial de Guayaquil, como parte de las investigaciones iniciadas luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara que esta empresa brasileña entregó millonarios sobornos en diferentes países, incluido Ecuador.

El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, informó vía Twitter que en el operativo, adelantado la noche del jueves, se recabaron documentación y archivos informáticos presuntamente relacionados con el caso. “Con los allanamientos, la Fiscalía busca evidencias documentales, materiales y digitales”, manifestó el funcionario.

La mañana de este viernes, 23 de diciembre, la Fiscalía -a través de su página web- detalló lo encontrado en el operativo realizado durante la noche del jueves 22 y madrugada de hoy. Dicho operativo estuvo a cargo del fiscal Wilson Toainga.

Así se reveló que se incautaron:  23 folders, 3 libros, 23 cuadernos, 2 carpetas manila, 2 CD y 4 laptops, un CPU y 2 discos externos.También 52 documentos anillados.

Estos elementos están ingresados a la cadena de custodia del centro de acopio del Departamento de Criminalística en Guayaquil, para su posterior traslado a Quito, dijo el fiscal Toainga.

Esta información contendría balances financieros y movimientos bancarios relacionados con supuestos sobornos a funcionarios ecuatorianos por parte de la brasileña Odebrecht, detalla la información de la entidad judicial.

La Fiscalía General ecuatoriana inició de oficio un proceso investigativo, el 22 de diciembre de 2016, al conocerse que en Ecuador, entre 2007 y 2016 Odebrecht habría pagado  33,5 millones de dólares de coimas a funcionarios estatales para la adjudicación de contratos con entidades públicas por 116 millones de dólares.

El fiscal general del Estado solicitó información, a través de asistencia penal internacional, a Brasil, Estados Unidos y Suiza, para profundizar las investigaciones que permitan identificar los delitos que pudieran existir y establecer responsabilidades.(I)

 

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