Fue Contralor General del Estado y asesoró a gobiernos de la región en temas de recuperación del dinero robado por la corrupción.

Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, conversó con este Diario sobre los cambios de la justicia en Ecuador y los retos de su cargo.

¿Los operadores de justicia funcionaron bajo la presión del expresidente Rafael Correa para proteger al Ejecutivo?
El Consejo de Participación Transitorio señala que había una línea directa y vertical, que desde la Presidencia pasaba a través del Consejo de la Judicatura, y desde allí hacia los jueces. Se usó y abusó del error inexcusable para destituir a quienes no se alineaban o amedrentarlos bajo amenazas.

¿Algunos jueces pagaban entre $ 300 y $ 100 por las preguntas para los exámenes de los concursos?
Cuando llegamos encontramos que el Consejo de Participación Transitorio resolvió suspender tres concursos: de los operadores de justicia en área administrativa, de la carrera fiscal y de los fiscales provinciales.

El primero tuvo 87.000 participantes para la Corte Nacional de Justicia. Pero descubrimos que no estaba bien realizado y se requería una reclasificación de puestos. Decidimos, primero, trabajar y poner la casa en orden, y resolver la carga administrativa.

Human Rights Watch (HRW) dice que hay 12 casos de jueces a quienes se les obligó a pronunciarse en determinadas causas y que fueron amenazados con acciones administrativas y destituciones...
Hay gente que dice que la organización HRW ha tomado los casos más emblemáticos, pero que hay muchos más.

Está el caso de los mails del exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y el presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, sobre las advertencias a los jueces para que no fallen contra el Estado...
Ese es un problema muy grave. El Frente Económico recalcó que para garantizar la inversión extranjera debe haber seguridad jurídica. Si se dice que en Ecuador ordenan a los jueces para que no fallen contra el Estado, nadie va a invertir.

¿En qué queda un inversionista con un litigio de 30 años que no puede defenderse porque hay esas órdenes? Nadie puede estar en esa línea. Hoy ya no hay intromisión del CJ en la justicia, ahora esta es totalmente independiente.

¿Cómo evalúa el supuesto control político a la justicia?
Es terrible. Ecuador no saldrá del problema económico si no tenemos el 100% de fe en la justicia. Nadie se atrevería a hacer negocios, si sabe que hay consignas. Ahora ya no las hay. Pero tenemos corrupción, hay jueces que actúan incorrectamente. Por eso abrimos una ventanilla para recibir denuncias, con pruebas, contra ellos, que deben ser sancionados con todo el rigor de la ley.

¿Cuántas denuncias recibieron sobre la actuación de los jueces?
Más que denuncias contra ellos, hemos recibido las típicas quejas de los ciudadanos. Ellos dicen las causas tardan demasiado. Derivamos los reclamos hacia dos unidades y estas a su vez se dirigen a la dirección provincial respectiva. Los directores investigan y hay procesos acumulados.

Sobre los avances en la administración de justicia, ¿tienen cifras sobre las causas represadas en el país?
Por ejemplo, en el tema de familia, las causas son el 40% de la carga, eso nos da una idea de cómo estamos. En contravenciones, delitos de la familia, se receptan 45.000 causas al año. Pero de estas se resuelven el 70%. Del 30% que resta, muchas se abandonan porque no hay interés y otras están en proceso. En violencia física, psicológica y sexual hay de 5.000 a 6.000 anuales. No todo hecho se judicializa.

El sistema escrito todavía causa estragos en la administración de justicia. ¿Cómo afrontará eso?
En los tribunales de lo Contencioso Administrativo y Tributario se usan los dos sistemas: el oral, que es más rápido y no dura más de un año, y el sistema escrito, que se arrastra todavía y puede durar más de 10 años. Pero esta situación cambiará por la influencia de la Ley de Fomento Productivo.

Aquellos que se acojan a la remisión deben desistir de los juicios y eso ocasionará una descarga en esos tribunales. Hay que recordar que el Cogep (Código Orgánico de Procesos) dio el plazo hasta diciembre de este año para despachar todas las causas. Los jueces están desesperados porque si no despachan serán sancionados.

El Consejo de la Judicatura Transitorio fue criticado por el nombramiento de los fiscales, entre ellos el hermano del presidente Moreno...
El hermano del presidente de la República, Guillermo Moreno, es un fiscal con categoría tres. Nosotros no le dimos esa clasificación, sino que la anterior Judicatura dictó una resolución para cinco fiscales, como él, que habían hecho una carrera desde hace 25 años.

A ellos se les liberó de concursar para esos cargos porque ya dominaban esa profesión. Abrimos un período de impugnación para esos fiscales, tres renunciaron y dos fueron refutados. Al doctor Moreno no se le impugnó por nada, él tenía derecho a ese cargo. Pero tuvo mala suerte por ser hermano del Presidente.

La jueza Paola de los Ángeles Dávila revocó la prisión preventiva contra Iván Espinel, exministro de Inclusión Económica y Social. ¿Por qué la destituyeron en un minuto?
No fue en un minuto, sino en cinco horas. Al expedir la providencia, la secretaria usó la hora en que comenzó el trámite, no la de su culminación.

¿La justicia cómo puede ayudar a recuperar el dinero robado de la corrupción?
Hablo como excontralor, gran parte del dinero robado está aquí. ¿De dónde sale ese dinero? De los sobreprecios, de los contratos y en esa gran diferencia que obtuvo el contratista estaba el funcionario corrupto.

La única forma de dar con ese dinero es cambiar la cuantía sobre la obligatoriedad de la declaración patrimonial. El SRI establece el monto mínimo de 400.000 dólares. Si le bajamos a 100.000 van a aparecer los testaferros.

¿Cómo lograr la independencia de la justicia?
Hay que de dar seguridad en la justicia. Seleccionar a los mejores ecuatorianos, honrados, honestos y probos para el sistema de justicia. Un juez debe ser una persona equilibrada al máximo. No puede ser apasionado ni teórico al extremo porque se deriva en fanatismo y en un intelectualoide.

Esto implica un equilibrio en total. La justicia debe ser efectiva en lo jurídico constitucional, eficiente para llegar pronto, y económica para que el presupuesto esté bien utilizado. (I)