Uno de los derechos básicos consagrados en la Constitución es el acceso a la vivienda. Este privilegio se afecta cuando las inmobiliarias incumplen las condiciones establecidas en un contrato de compra venta de una casa. Este es el caso de Rosi Chock, quien lleva 9 meses esperando que la constructora a cargo de la urbanización La Rioja culmine su hogar, para iniciar el trámite del préstamo hipotecario.  

La compradora aduce que esta situación ha perjudicado a su economía porque debe seguir pagando arriendo y garaje. “Mi hija estudia en el norte y ahora yo vivo al sur. Es un gasto significativo para mí y no hay quién me dé una solución”, denuncia la mujer, quien ha cancelado $ 19 mil de entrada para el inmueble de forma puntual hasta diciembre de 2014.

Casos como este son comunes para Lourdes Rangel, coordinadora de la zona 8 de la Defensoría del Pueblo. La situación es tan preocupante que este tema se ha vuelto prioritario para la Defensoría.

“Hay miles de casos similares, para ponerle un ejemplo en una sola urbanización hay más de 700 causas, es decir que las afectaciones no son particulares, ya estamos hablando de que existe un índice social de vulneración”, dice Rangel.

Según la funcionaria no existe una cifra actualizada de las denuncias contra las constructoras en Guayaquil. En 2014, cifras de la Defensoría contabilizaron 3.000 expendientes contra 4 promotoras: Terrabienes, Promaga, Villa Italia y Salcedo Internacional.

El grueso lo tiene Terrabienes de propiedad del grupo Ortega-Trujillo y que incumplió con la entrega del proyecto Arcos del Río, con 1.456 quejas. Le sigue Promaga, en Durán, con 546.

La razón, según la funcionaria, es que los contratos que suscriben quienes compran un inmueble favorecen exclusivamente a las inmobiliarias.

DATOS

La sección sexta de la Constitución hace referencia al hábitat y la vivienda.

Cuando se trata de un caso de estafa la autoridad competente para realizar las investigaciones es la Fiscalía porque tiene la potestad privativa en casos de tipo penal.

La Defensoría del Pueblo no tiene acción de cumplimiento, sin embargo hay un porcentaje importante que se ha resuelto porque la Superintendencia de Compañías forma parte también de la Función de Transparencia y Control Social.

Para realizar el trámite en la Defensoría no se necesita patrocinio de un abogado y  es gratuito.

Uno de los casos resueltos es el de Promaga. En este muchos de los afectados ya están recibiendo la devolución de su dinero, mientras que quienes vivían en la urbanización La Nueva Gran Ciudad, en Durán, cuentan con agua potable y luz. Los afectados eran migrantes.Es común que en estos acuerdos consten sanciones en contra de los clientes, pues se establecen penas en caso de retrasos o si el cliente desiste de la compra. Cuando sucede lo contrario no hay nada que favorezca a los clientes, incluso el órgano competente fijado en el contrato para resolver un conflicto es la Cámara de Comercio.

A la entidad  pertenecen las inmobiliarias y el trámite allí tiene un costo elevado, a diferencia del proceso que podría entablarse en la Defensoría, donde es gratuito.

Rangel resalta que los perjudicados llegan a la entidad cuando ya no saben qué hacer. “Quienes compran un inmueble le entregan sus ahorros de su vida a las urbanizaciones y no reciben lo ofrecido”, lamentó.

Para evitar estas situaciones la Superintendencia de Compañías emitió el reglamento de funcionamiento de las empresas que realizan actividad inmobiliaria. El documento fue publicado en el Registro Oficial 146 en diciembre de 2013.

En dicho texto se estipula que las empresas deben “construir,  dentro  de  los  plazos  establecidos,  los  proyectos  inmobiliarios  aprobados  y autorizados por los organismos competentes en materia de uso de suelo y construcciones, de conformidad  con  los  contratos  de  promesa  de  compraventa  celebrados  con  los promitentes compradores de los inmuebles”.

María José Avilés, gerenta de Marketing de la Corporación Inmobiliare, que maneja la urbanización La Rioja y otras más, detalló que “cuando los clientes celebran contratos con nosotros, aceptan voluntariamente que por diferentes circunstancias, legalmente justificadas y ajenas a la voluntad de nuestra corporación, es posible alguna que otra demora en la construcción de las viviendas”.

Avilés manifestó que los retrasos “generalmente se producen porque los permisos municipales correspondientes no están listos a tiempo u factores ajenos a nuestra responsabilidad”.

En respuesta a esto el director de Urbanismo, Avalúo y Catastro del Municipio de Daule indicó que todos los trámites que ha enviado la empresa se han resuelto. La Rioja está ubicada en este cantón. En ocasiones contravienen algunas normativas, pero estamos al día en el trámite que hayan ingresado”, afirmó el funcionario.

“Asturias y Almería -etapas de La Rioja- tenían todo listo en el Municipio, pero el Registro de la Propiedad determinó que existía un problema en los linderos”, reveló. Aunque este fue un tropiezo el funcionario indicó que esto no justifica que haya tantos meses de retraso.

En el reglamento de la Superintendencia de Compañías se prohíben  proyectos inmobiliarios que no  cuenten con las autorizaciones previas del organismo  competente en el uso de suelo y  construcciones  o  planes que  no tengan el presupuesto económico que garantice su viabilidad.  

Otro caso irregular es la urbanización La Gran Vittoria. Aquí los perjudicados, los esposos Mendoza (prefieren ocultar su nombre completo), no denunciaron y cansados de no recibir una solución aceptaron las condiciones que les dio la compañía.

“Nos reubicaron en otra etapa. En una casa con menos metros de construcción, por la que debemos pagar $ 2.000 adicionales, ahora el modelo ya no es el moderno sino uno clásico y aún debemos esperar por lo menos 6 meses para que nos entreguen la casa y de ahí hacer los trámites para el préstamo hipotecario”, contó la pareja.

Esta situación, según la coordinadora de la Defensoría, es común porque no hay ninguna garantía para que en 6 meses esté lista la vivienda.

Por eso es importante que exista una denuncia, para que por lo menos quede un precedente que obligue a la empresa a cumplir con los clientes.

En la actualidad son pocas las inmobiliarias que compensan a sus clientes por los retrasos. Este no es el único problema que se presenta. Rangel afirma que ha recibido denuncias de personas que han pagado la totalidad de la casa y no han recibido el inmueble.

Otro caso ocurre cuando está entregada la casa y los materiales de construcción no son de óptima calidad. En este último punto la funcionaria enfatizó que la Constitución garantiza el derecho del consumidor a recibir materiales de óptima calidad.

Uno de los mayores inconvenientes es que las constructoras no respetan el reglamento de la Superintendencia.

Rangel detalló que cuando hay un problema con muchos perjudicados la Defensoría del Pueblo trabaja articuladamente con otras entidades, en este caso con la Superintendencia de Compañías.

Esta entidad “no solamente regula el tema de la sociedad mercantil, sino que también tiene incidencia en la afectación de los clientes cuando el giro comercial está controlado por ellos, tanto es así que esta entidad ha sido firme en crear procesos de intervención”, resaltó.

Actualmente ya hay algunas urbanizaciones intervenidas para garantizar que los recursos de los clientes vayan realmente al proyecto y no a otros negocios de las inmobiliarias.

La Defensoría también trabaja con los municipios para que se encarguen de suspender los permisos en caso de ser necesario. En marzo, la entidad reportó a este diario que recibe un promedio de 10 quejas diarias contra las constructoras. (I)