La presidenta (e) del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Mónica Rodríguez, envió a la Contraloría un informe para que se investiguen dos contratos firmados por el presidente anterior, Patricio Baca Mancheno.

La funcionaria explicó que cuando asumió su cargo, el 7 de mayo pasado, inició un proceso de auditoría del anterior periodo para verificar el uso de los recursos y encontró que se firmó un contrato por $ 145.000 y otro por $ 183.000 para elaborar un manual de marca.

Estos montos se cancelaron supuestamente con el objeto de crear productos comunicacionales, para difundir y posicionar el trabajo del TCE entre la ciudadanía y mejorar el manejo de las nuevas tecnologías. “Lo que me sorprende es que se haya comprado usuarios de redes, eso no se podía haber hecho, lo cual debe ser analizado por la Contraloría”, indicó Rodríguez.

El otro contrato se refiere a una subscripción para que una empresa de investigación realice una encuesta nacional para que el TCE haga preguntas de carácter privado sobre el desempeño del trabajo que realiza la entidad.

Los contratos se suscribieron en 2014 para adquirir productos de diagnóstico comunicacional, un plan estratégico de relacionamiento y comunicación, una plataforma virtual, diseño de piezas tecnológicas, manejo de redes sociales y comunicación.

“Esto le costó a la institución $ 183 mil, habiendo sido el departamento interno responsable de la comunicación en redes y página web”. (I)