La Marina elaboró una estrategia comunicacional contra las reformas al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa). Así lo revela un documento que llegó a la redacción de este diario.

El plan establece lineamientos a seguir con responsables específicos. Se trataría de un comité de crisis conformado por cuatro equipos con tareas distintas. Siempre, según el texto, el primero aborda las reformas generales del Issfa, que se tramitan en la Asamblea. Los contralmirantes Freddy García y Ronald Muñoz debían analizar "la propuesta gubernamental planteada; y sus consecuencias, con explicaciones fáciles de entender tanto para la comunidad militar desde el marinero al almirante y comunidad civil".

Además tenían que elaborar una proyección económica que "demuestra que de ser implementada (la reforma) conduce a la quiebra del Issfa y su desaparición, incluso la absorción por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Esta información se debía difundir en medios de comunicación tradicionales y redes sociales.

El segundo grupo, a cargo de los contralmirantes Rafael Poveda y Darwin Jarrín, estaba a cargo de "operaciones sicológicas y de la información". Ellos tenían la instrucción de "analizar los enlaces ciudadanos desde 2014, así como las diferentes publicaciones a través de la prensa televisada, radial y escrita para contrastar esa información gubernamental y demostrar que repetitivamente se ha llegado al siquis colectivo con información incorrecta".

El tercer equipo estaba conformado por los capitanes de corbeta Pontony Zumarraga y Jorge Abarca. Ambos tenían a su cargo un "análisis pormenorizado de las irregularidades relacionadas con: el derecho constitucional, procesal, la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Fuerzas Armadas, la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales. Estos análisis deberán estar documentados y en lo posible deberán ser narrativos fácticos antes que con interpretaciones o apreciaciones extensivas, considerando que los mismos serán entregados a juristas civiles de renombre para su difusión".

El cuarto equipo estaba piloteado por los contralmirantes Mauricio Alvear y Remigio Haro. Ellos se dedicaron al análisis de imagen institucional. "Este equipo realizará un informe documentado que refleje afectación a Fuerzas Armadas en lo relacionado a la institucionalidad". En este punto debían elaborar una "explicación histórica comparativa y fundamentada que permita entender a toda la ciudadanía el porqué deben respetarse y mantenerse las áreas establecidas para oficiales y tripulantes entendiendo la jerarquía militar.

También tenían que "demostrar mediante publicación documentada (encuestas) la aceptación de Fuerzas Armadas en la población, su credibilidad y su accionar en permanente ayuda a la ciudadanía (...) Destacar todas las tareas que se cumplen en apoyo a la acción del Estado con MSP, SENAE, MAE, SENESCYT)."

Por último tenían que demostrar "que los fusiles AK47 no fueron solicitados por las Fuerzas Armadas a través del Comando Conjunto".

El documento cierra con la orden de que "los informes tienen que estar listos hasta el 29 de septiembre". Sin embargo los equipos deben estar latentes y tienen la libertad de reunirse cuando consideren necesario para retroalimentar la información.

Actualmente las relaciones entre el mando militar y el Ejecutivo se han deteriorado por el proyecto de reformas al Issfa. El propio presidente Rafael Correa ha llamado a la población y a la comunidad internacional a estar alertas ante una posible desestabilización. (I)