Los gobiernos de varios países de América Latina exigieron este jueves 22 de diciembre más información sobre el gigante de la construcción brasileña Odebrecht, un día después de que admitió una década de pagos de sobornos en la región.

Panamá, Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala, Argentina y Venezuela reaccionaron a las revelaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos respecto a que la constructora brasileña Odebrech pagó sobornos en 9 países latinoamericanos por "centenas de millones de dólares" para obtener contratos.

El régimen panameño manifestó su total respaldo a las investigaciones que el Ministerio Público lleva adelante y pidió procesar y sancionar a todos aquellos funcionarios que habrían recibido más de $ 59 millones. 

Odebrecht, por su parte, habría recibido beneficios por más de 175 millones de dólares con los contratos obtenidos en Panamá.

Aunque los documentos divulgados no revelan los nombres de las personas que habrían recibido los sobornos ni por qué obras, el período señalado corresponde a la gestión del expresidente Ricardo Martinelli, quien vive en un exilio voluntario en Miami (Estados Unidos).

El actual gobierno panameño ha pedido a Estados Unidos la extradición de Martinelli, además de agilizar todos los procesos que se llevan a cabo por corrupción, "de modo que se concluyan y se recupere el patrimonio mal habido".

Mientras que el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, rechazó haber recibido dinero cuando era presidente del Consejo de ministro en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) y se mostró a favor de investigar la denuncia de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en Perú entre el 2005 al 2014.

"Yo le puedo garantizar que no recibí nada, ni sé nada, mire que todo eso se tiene que investigar obviamente y estoy a favor de una profunda investigación", dijo a la prensa Kuczynski.

Explicó que las indagaciones sobre su gestión cuando era primer ministro de Toledo fue archivada "porque se dieron cuenta que yo simplemente había firmado una ley que dio el congreso, eso no es un crimen".

El Fiscal Martín Salas el 14 de diciembre decidió reabrir la investigación en la que incluyó a Kuczynski por supuestamente favorecer a Odebrecht a ganar una concesión. El caso había sido cerrado en septiembre.

El mandatario señaló que la fiscalía va tener que investigar exhaustivamente luego de conocerse los documentos donde Odebrecht admite pagos corruptos en Perú (2005-2014) por unos 29 millones de dólares.

"Los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala que gobernaron en esos años (2005 y 2014) deberán dar explicaciones. También hay que ver a quienes se le pagó", precisó.

En tanto el gobierno de Colombia dijo este jueves que cancelará los contratos en los que se comprueben actos de corrupción de Odebrecht para adjudicarse obras públicas en el país entre 2009 y 2014.

"En el momento en que se demuestre de manera clara que hubo el pago de sobornos (...) el Estado colombiano no dudará de ninguna manera en tomar las decisiones necesarias para terminar de manera unilateral sus contratos y para evitar que Odebrecht siga teniendo negocios" en el país, dijo el secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, a Blu Radio.

El funcionario pidió una "acción contundente, rápida y eficaz de la justicia colombiana" para esclarecer los sobornos por más de 11 millones de dólares que la gigante constructora pagó para adjudicarse obras públicas en el país, con las que logró beneficios superiores a los 50 millones de dólares, según las autoridades estadounidenses.

Por ello, aseguró, el miércoles el gobierno pidió "celeridad" a la fiscalía colombiana para iniciar una cooperación judicial internacional con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

No podemos permitir que una "empresa criminal como lo ha sido Odebrecht siga haciendo de las suyas", afirmó.

La Presidencia de Colombia dijo el miércoles en un comunicado que la firma brasileña ha tenido tres contratos con el Estado. Uno en 2009, ejecutado durante el gobierno de Álvaro Uribe. Otros dos en el mandato del presidente Juan Manuel Santos; y el tercero es la iniciativa para darle navegabilidad al río Magdalena, el más importante del país. 

En Guatemala, el presidente Jimmy Morales anunció que se revisarían los contratos actuales vigentes con dicha compañía. "Se van a revisar los contratos y habrá que darle el proceso legal a cada uno de los temas; no podría decir qué se va hacer porque hay que estudiar cada uno de los temas". 

En dicho país, la empresa fue contratada para la construcción de 160 km de tramo carretero, pero solo se construyeron 40 a un costo de $ 240 millones. 

En Argentina, la Oficina Anticorrupción de Argentina dijo haberse contactado con fiscales e investigadores de Brasil para informarse sobre presuntos sobornos por 35 millones de dólares a funcionarios argentinos entre 2007 y 2015.

En Venezuela, la Comisión de Contraloría del Parlamento venezolano -de mayoría opositora- dijo que investigará los supuestos sobornos a funcionarios del gobierno e intermediarios para conseguir contratos de obras públicas entre 2006 y 2015, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. (I)
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