Quito y Guayaquil.-

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) investigará con la Fiscalía el caso de presuntos sobornos entregados por la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios públicos a cambio de contratos.

El pleno del Consejo resolvió que la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción coordine las investigaciones con la Fiscalía para determinar a los autores, cómplices y encubridores de los hechos revelados la semana pasada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo, afirmó que con esta resolución se busca ayudar en la determinación de los nombres de los funcionarios públicos y de la transnacional involucrados en la supuesta red de entrega y recepción de las coimas.

Añadió que para ello, primero se busca identificar los contratos por los que se habrían pagado sobornos y no solo en el período de la denuncia (2006–2010), sino durante todo el tiempo de permanencia de la compañía en el país.  

Entre tanto, hasta la tarde de ayer la Alcaldía de Quito no había incluido el tema del contrato de la segunda fase del Metro, en el que participa Odebrecht, en la agenda de la sesión ordinaria del Concejo Metropolitano previsto para hoy. La edil Daniela Chacón (exvicealcaldesa) se declaró sorprendida de que el tema no figure en el orden del día.

Aunque la firma del contrato para la ejecución de la obra (noviembre de 2015) no corresponde al período de la denuncia, los ediles piden información para descartar la posibilidad del cometimiento de acciones similares respecto al proyecto.

IR AL ESPECIAL CASO ODEBRECHT

La construcción de la Fase II implica la creación del túnel de aproximadamente 22 kilómetros y obras complementarias como talleres y el centro de control del sistema de transporte subterráneo.

Estos trabajos requerirán una inversión de $ 1.538 millones y el contrato fue adjudicado al consorcio conformado por la firma española Acciona y Odebrecht. Actualmente, la empresa brasileña tramita su salida del grupo constructor, lo que no detendría el proyecto, de acuerdo con las cláusulas del convenio de construcción.

Hasta ahora, la única reacción de la Alcaldía sobre este tema ha sido un comunicado emitido el jueves anterior, en el que hacía un recuento del proceso precontractual y contractual de la obra.

Añadía que el Cabildo estaba a la espera de la entrega de más información sobre el tema por parte de las autoridades estadounidenses y ecuatorianas. Ayer, durante su enlace radial de los miércoles, el alcalde Mauricio Rodas no se refirió al tema.

Mientras tanto, la concejala Ivone von Lippke (exaliada de Rodas) propuso ayer la inmediata conformación de una comisión especial que fiscalice el contrato de la línea uno del Metro, instancia que -plantea- esté conformada por 5 representantes de distintos bloques.

Chacón recordó que “la negociación del contrato con el consorcio Acciona-Odebrecht es responsabilidad directa del Alcalde”, por delegación del legislativo local.

La exvicealcaldesa capitalina recordó que el año pasado, el Concejo “pidió que el contrato del Metro tenga seguridades para la ejecución de la obra si se encuentran actos de corrupción”. (I)