A través de un proyecto de reformas legales, el Gobierno busca “revisar y derogar diversas disposiciones que aún persisten en el ordenamiento jurídico atinente a los regímenes especiales de seguridad social” de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, “que mantienen rezagos de aberrantes y odiosas discriminaciones...”.

Así lo señala una parte del proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional y Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas, remitido por el Ejecutivo el 18 de julio pasado a la Asamblea Nacional.

Al respecto, el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, enfatizó que actualmente los militares aportan el 12% de su sueldo al fondo de retiro, sin embargo, esta cantidad no alcanza a sostener el sistema de pensiones de los jubilados, pues el Estado aporta más del 60% para financiar las jubilaciones.

Por este motivo, la reforma busca establecer un techo a las pensiones equiparadas con la Seguridad Social en general, la cual está fijada actualmente en $ 2.013: “Esto no quiere decir que se bajarán pensiones, quienes reciben $ 3.000 o $ 4.000 seguirán cobrando lo mismo, esto no está considerado en la reforma”, aseguró ayer Patiño.

Sin embargo, aclaró que la pensión de los jubilados de las Fuerzas Armadas y de la Policía que no haya llegado a ese techo será incrementada de acuerdo al índice de inflación, ya no esperarán que suban las remuneraciones de los miembros activos para beneficiarse de un aumento.

El proyecto de ley tiene 3 aspectos principales que el ministro Patiño socializó personalmente  en diferentes destacamentos militares, los cuales refieren que el tiempo del retiro voluntario se incrementará de 20 a 25 años, pero solo será aplicado a quienes ingresen a las instituciones a partir de que entre en vigencia la ley.

Otro aspecto es que las pensiones ya no se calcularán en relación al último salario percibido, sino basado al promedio de los sueldos de los últimos 5 años. Para ello, se aplicará la misma tabla de coeficiente actual y se aumentarán cada año de acuerdo al índice de inflación, sin sobrepasar el límite anotado.

El funcionario explicó los alcances de las reformas en la reunión con el Comité Ejecutivo del Issfa, ayer en la mañana, que no se había convocado hace 6 meses, en la que se leyeron 3 actas de las anteriores reuniones. Además, abordaron el tema de los informes de la venta de los terrenos de Samanes en Guayaquil, que el Ministerio del Ambiente pagó en exceso, por la compra para construir el parque del mismo nombre ($ 41 millones) y cuya devolución está pendiente, pero no hubo ninguna resolución.

El suboficial (r) Alejandro Valverde, del Comité Ejecutivo, corroboró que en la reunión no se tomaron decisiones, pero se convocó otra  para la próxima semana para tratar el tema de las reformas del Seguro Social de las Fuerzas Armadas. “Necesitamos saber qué dice el proyecto, el servicio pasivo debe tener su opinión”, dijo.

Patiño afirmó que el tema de la cesantía no fue incluido en el proyecto por las sugerencias recogidas durante la socialización de la propuesta entre los soldados. “Vamos a revisar los datos para determinar si es adecuado reducir los aportes del fondo de cesantía de policías y militares de 6,25% a 2%, tenemos que estudiar con profundidad y cuando esté listo lo presentaremos a la Asamblea”, dijo.

Aclaró que el aporte de los militares a la Seguridad Social es el 23% de la remuneración individual, de lo cual el 12% es considerado para el capital de retiro, invalidez y muerte.

“Ese aporte es el que se utiliza para pagar las pensiones, eso no alcanza. La gente piensa que se está pagando su jubilación futura, pero no es así, ese 12% no alcanza, por eso más del 60% de las pensiones las cubre el Estado”, enfatizó.

El sargento (r) Wilson de la Torre, representante de los sargentos del Ejército en servicio pasivo, quienes también se reunieron con el ministro de Defensa la tarde de ayer,  espera que se concrete esta reforma: “Yo no trabajo, vivo de mi pensión de $ 700, con esta reforma a la ley aumentará mi ingreso cada año, hasta llegar al techo que indica. Hasta ahora mi pensión no ha subido desde que me jubilé”.

¿Qué Comisión de la Asamblea tramitará el proyecto de reforma?

Marllely Vásconez, presidenta de la Comisión de Trabajadores que debatirá el proyecto de ley, anunció que el próximo miércoles se llevará a cabo la primera sesión para avocar conocimiento del proyecto y  definir el cronograma de comparecencias, entre ellas, de los ministros del Interior, Defensa y del alto mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, para que den sus criterios y aportes. El trámite del proyecto, desde que avoque conocimiento la comisión hasta el segundo debate, tomaría alrededor de 90 días.

Frente a la iniciativa de reforma, asambleístas de oposición, como Ramiro Aguilar (exCREO), aprovecharon para llamar a los militares en servicio activo no solo a dar su opinión en la Asamblea, sino a realizar medidas de hecho. “Esas personas, como ciudadanos, tienen derecho de hacer plantones, hacer marchas, expresarse, porque ya no están hablando como (miembros de las) Fuerzas Armadas o Policía Nacional, sino como futuros afectados una vez que se jubilen”. (I)