La Corte Constitucional anunció la admisión de demandas y la suspensión provisional de artículos leyes de Inteligencia, Integridad y Solidaridad Nacional. La información se divulgó este lunes, 4 de agosto de 2025, a través de las redes sociales de la entidad. 

Según la Corte, la decisión se enmarca en “actuaciones técnicas y jurídicas, que precautelar el cumplimiento y la supremacía de la Constitución de la República del Ecuador, sin que constituyan aún pronunciamiento de fondo sobre los procesos en conocimiento”. 

Además se señaló que se continuará con el procesamiento y análisis de otras demandas, las cuales serán atendidas. 

Ley Orgánica de Integridad Pública 

En el documento de la Corte se indica que Juan Pablo Guerra, director ejecutivo y representante legal de la Asociación de Organismo de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario presentó una acción pública de inconstitucionalidad a la disposición transitoria décima primera de la Ley Orgánica de Integridad Pública. 

La mencionada hacía referencia a que las cooperativas de ahorro y crédito deberán transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos. 

Ante ello, la Corte observó, entre otras cosas, que hay una contravención de la unidad de materia, ya que la norma hace referencia al Sistema Nacional de Contratación Pública y al régimen laboral de los servidores públicos regulados por la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep). 

A esto se suma que se observó que el cambio de las cooperativas de ahorro y crédito en sociedades anónimas podría “vulnerar la libertad de asociación”. 

Además, Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), también colocó una demanda de inconstitucionalidad a esta norma a los artículos relacionados con la estabilidad de los servidores públicos y temas relacionados con el Código Orgánico Integral Penal. 

Ley Orgánica de Inteligencia 

Verónica Yuquilema, presidenta de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Jonathan Finlay, gerente general de Lalibretch Soluciones Tecnológicas, Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH Guayaquil) y Mónica Vicente, directora ejecutiva de la Corporación Promoción de la Mujer presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Inteligencia. 

Los accionantes impugnaron al menos 20 artículos de la norma relacionados con seguridad jurídica, acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, requerimientos de información a las operadoras de servicios de telecomunicaciones, entre otros. 

Ley Orgánica de Solidaridad Nacional 

Vivian Isabel Idrovo, integrante de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador; Lina María Espinosa, miembro de la organización Amazon Frontlines; Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH); Fernando Bastias Robayo; Ana Cristina Vera Sánchez, integrante del Centro de Apoyo y Protección de los derechos humanos Surkuna; Erika Escorza; Lita Alexandra Martínez, directora ejecutiva de CEPAM Guayaquil; Sara Oviedo, coordinadora nacional de Cocasen; Sybel Martínez, en representación de la Alianza por los Derechos de la Niñez y Adolescencia; y, Angie Tomalá, en representación de la Red de Organizaciones por los Derechos de la Niñez y Adolescencia interpusieron una demanda de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. 

En este caso también son varios artículos relacionados con frases sobre el conflicto armado interno y la seguridad, sus principios y finalidad, definición de grupos armados organizados y demás. 

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) August 4, 2025