En Perspectiva 7 (EcuadorTV), el panel “Subsidio al diésel: ¿quién se beneficia?” reunió a Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte; René Ortiz, exministro de Energía; y Napoleón Cabrera, presidente de FENACOTRALI. La discusión giró en torno a la eliminación del subsidio, sus motivaciones —vinculadas al combate del contrabando y la minería ilegal— y el paquete de compensaciones para amortiguar el impacto en hogares y en el sector transporte.

El argumento del Gobierno: cortar fugas y redirigir recursos

El ministro Roberto Luque defendió la medida en el contexto de conflicto armado interno y desvíos del subsidio:

“Un subsidio de USD 100 millones al año se está desviando… esa tubería debía llegar a los más necesitados y tiene fugas: minería ilegal y contrabando de combustible”.

Luque insistió en que no se trata de “negociar” con gremios sino de aplicar políticas ya definidas, con focalización y apoyo a los afectados:

• 55.000 familias se sumarán al Bono de Desarrollo Humano.
• Compensaciones mensuales al transporte público para evitar alzas de pasajes.
• USD 220 millones para el transporte público regulado (inter e intraprovincial y urbano) con el fin de sostener tarifas.
• Plan Nuevo Transporte: chatarrización de unidades antiguas (bonificación de hasta USD 20.000) y créditos a un dígito (~9% a 7 años).
• USD 30 millones para transporte comercial (escolar, turístico, mixto, pesado, camionetas).
• Medidas de seguridad vial y control: 25 ejes viales críticos priorizados, retiro de radares irregulares, zonas de descanso, fortalecimiento del sistema de la ANT y tercera placa para control de flota.
  El ministro añadió que el registro de beneficiarios ya avanza y que se iniciaron pagos de compensaciones a transportistas registrados.

“No es eliminación, es focalización”: la lectura técnica

Para René Ortiz, la decisión es “pertinente” y responde a un “clamor nacional” de años:

“No le llamaría eliminación del subsidio, es focalización… Con compensaciones, el Gobierno distingue entre los vulnerables y la economía criminal”.
Ortiz situó la medida en un escenario de restricción fiscal y urgencia por seguridad jurídica para atraer inversión, subrayando que el debate no debe reducirse al FMI sino a ordenar cuentas y cerrar filtraciones.

La posición del transporte: diálogo, compensaciones y continuidad del servicio

Napoleón Cabrera (FENACOTRALI) afirmó que el sector no paralizará y que respalda un diálogo de buena fe:

“No podemos darle la espalda a la realidad nacional… Con compensaciones, el transportista no va a ‘engordar el bolsillo’: se evita subir el pasaje”.
Cabrera destacó 56 mesas de trabajo con autoridades (ECU 911) para seguridad, el reconocimiento de 25 tramos críticos y el avance de inscripciones para acceder a compensaciones. Advirtió, no obstante, que el gremio se reserva el derecho a la resistencia si los acuerdos no se cumplen.

Los invitados coincidieron en que el Gobierno enmarca la decisión como redireccionamiento de recursos con soporte social y productivo; el análisis técnico habla de focalización para cortar la “economía criminal”; y el gremio del transporte respalda el diálogo condicionado a que las compensaciones se cumplan y no se traslade el costo al pasajero.

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