En el último día de 2025, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo No. 273, una reforma al Reglamento General de la Ley de Minería que modifica las reglas para el sector. Obliga a los proyectos mineros a generar su propia energía y busca generar una mayor recaudación para el Estado, en un contexto de precios históricos de los metales preciosos y la presión social por el control del territorio.

Autogeneración energética

A partir de la nueva normativa, los concesionarios mineros deberán garantizar su abastecimiento eléctrico mediante sistemas de generación propios, con capacidad suficiente para cubrir el ciento por ciento de su demanda.

Además, el decreto fija, por primera vez, una fórmula específica para calcular regalías según el tipo de minería y el metal explotado, un vacío que durante años obligó a negociar esos valores caso por caso en los contratos de explotación.

Regalías sobre ingresos brutos

El ajuste más relevante afecta a la minería de oro y plata. Desde ahora, las regalías se calcularán sobre ingresos brutos, sin posibilidad de descontar costos de refinación, transporte o beneficio.

Antes, la base imponible se reducía según el tipo de operación. Hoy, esa puerta se cierra.

“El concesionario va a pagar más porque la base del cálculo es mayor”, explicó el abogado minero Stevie Gamboa, en declaraciones recogidas por Primicias. El cambio fortalece la caja fiscal, pero eleva la presión sobre la rentabilidad de las operaciones, especialmente en escenarios de costos altos.

Minería ilegal

El decreto también introduce ajustes en el combate a la minería ilegal. Se eliminó un requisito que, en la práctica, volvía inviable el amparo administrativo.

Antes, las empresas debían identificar con nombres y apellidos a los invasores para solicitar el desalojo. Ahora, ese paso desaparece.

La respuesta desde las empresas mineras

Desde la industria, el debate no se limita a las regalías. Juan José Herrera, director de sostenibilidad de Lundin Gold, admite que el abastecimiento energético sigue siendo un punto crítico.

Actualmente, la mina Fruta del Norte consume cerca de 19 megavatios, tomados del Sistema Nacional Interconectado. La empresa cuenta con autogeneración a diésel como respaldo, pero reconoce que no es una solución sostenible.

“En costos, emisiones y logística, generar solo con diésel es complejo”, advierte Herrera. La compañía busca acuerdos para acceder a energía limpia, pero choca con regulaciones pensadas para empresas pequeñas.

“Un solo contrato de energía no alcanza para una minera de esta escala”, explica. Según la empresa, el diálogo con el Gobierno está abierto, aunque los cambios normativos aún no llegan.

Formalizar o perder territorio

Sobre la minería ilegal, Lundin Gold reconoce un incremento moderado dentro de sus concesiones, especialmente en minería aluvial. La respuesta corporativa apunta a una estrategia mixta: control, formalización y desarrollo local.

“La minería artesanal ya no es suficiente con los precios actuales del oro”, reconoce Herrera. La empresa analiza modelos de formalización inspirados en experiencias de Colombia, combinados con inversión social y presencia estatal.

La lógica es pragmática: donde hay empleo, educación y alternativas económicas, el crimen organizado pierde terreno.

Un giro regulatorio con impacto real

El Decreto 273 marca un antes y un después en la política minera. Ordena un marco legal disperso, incrementa la participación estatal en la renta minera y reduce trabas para enfrentar la ilegalidad. Al mismo tiempo, deja sobre la mesa desafíos pendientes: energía, seguridad y licencia social.

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