La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional recibió este miércoles a Arianna Burgos, directora del Instituto Nacional de la Economía Popular y Solidaria (IEPS), y a Jorge Yépez, representante del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), como parte del proceso de construcción del informe para segundo debate del proyecto de Ley de Integridad Pública, calificado como urgente en materia económica.

Durante su intervención, Burgos planteó reformar el artículo 11 de la normativa para incluir al representante legal del IEPS en el directorio del Sistema Nacional de Contratación Pública. A su juicio, esta inclusión permitirá “canalizar la participación activa de este sector económico en la construcción de políticas públicas que los beneficien”. Subrayó que cerca del 80 % de los ingresos de la Economía Popular y Solidaria (EPS) dependen directamente de contrataciones con el Estado.

También expresó su preocupación por el artículo 46, que prevé la posibilidad de que entidades contratantes opten por ofertas fuera del catálogo electrónico. Burgos advirtió que esta medida, sin los debidos resguardos, podría limitar gravemente la capacidad de competencia de los pequeños actores del sector frente a medianas y grandes empresas. “De darse esta condición, estaríamos matando a un sector que actualmente vive de sus contrataciones con entidades del Estado”, afirmó.

En cuanto a las ferias inclusivas, la directora del IEPS solicitó que el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), en coordinación con su institución, defina con claridad los bienes y servicios que podrán ser adquiridos mediante estas modalidades, para asegurar que los oferentes del sector popular y solidario sigan siendo tomados en cuenta.

Por su parte, Jorge Yépez del MIES, propuso una reforma al artículo 14 del proyecto de ley, con el fin de otorgar garantías de reserva de identidad a proveedores del Estado que denuncien irregularidades en procesos de contratación o delitos como falsificación de firmas. Explicó que la Fiscalía General del Estado sería la encargada de validar las pruebas y determinar responsabilidades, así como de conceder incentivos a los proveedores que colaboren en estos procesos.

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