Ecuador / Sábado, 27 Septiembre 2025

Corte Constitucional tumba leyes de Solidaridad e Integridad Pública y admite solo parte de preguntas para la Consulta Popular

Foto: Internet
Tras los fallos de la Corte Constitucional, la ministra Zaida Rovira acusó al tribunal de “desproteger a la ciudadanía” y llamó a ir “más que nunca” a la Constituyente; la bancada ADN habló de “golpe jurídico”.

La Corte Constitucional (CC) declaró inconstitucionales la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública —junto con su reglamento y normas conexas— por un supuesto “uso indebido de urgencia económica y por vulnerar unidad de materia, publicidad y deliberación democrática”, respectivamente. En dictámenes separados, el tribunal habilitó consultar el funcionamiento de casinos en hoteles cinco estrellas, bloqueó la pregunta que pretendía prohibir el uso de nombre/imagen de sentenciados en campañas y descartó que se someta a consulta la expedición de una nueva LOGJCC por ser materia de ley ordinaria; además, calificó que la propuesta para reducir el número de asambleístas puede tramitarse vía enmienda por referendo.

La reacción del Gobierno: “Vamos a la Constituyente”

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, endureció el tono en X: “A este punto, a nadie le sorprende las acciones de la Corte contra el pueblo ecuatoriano… Le arrebataron a los ciudadanos las herramientas para enfrentar a las mafias, a los narcos y corruptos… Hoy más que nunca, vamos a la Constituyente”. Sus mensajes se suman a la línea del Ejecutivo que acusa a la CC de frenar la agenda de seguridad para el país.

En la misma línea, la bancada legislativa de ADN difundió un comunicado en el que habla de un “golpe jurídico”. También, sostiene que la CC “echó abajo herramientas fundamentales para combatir a las mafias, la corrupción y el crimen organizado” y que la resolución deja a la ciudadanía “desprotegida, desarmada y a expensas del mal”. El bloque oficialista afirma que “hoy más que nunca debemos decir Sí a la Constituyente”, a la que presenta como una base jurídica para “velar por los intereses del Ecuador”. “Nuestra lucha seguirá con firmeza contra las viejas estructuras que tanto daño han hecho”, añade el texto.

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