El debate por los recursos que el Estado entrega a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) volvió al centro de la discusión política.

En una entrevista transmitida por Ecuador TV, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, sostuvo que el Ejecutivo no reducirá transferencias a prefecturas ni municipios. La medida, aseguró, busca ordenar el manejo de fondos públicos y mejorar la planificación del gasto.

Sus declaraciones se producen luego de que la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, presentara una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma impulsada por el Gobierno.

Gobierno insiste en que no hay recortes

La funcionaria fue enfática al explicar la postura del Ejecutivo.

“No se elimina ni un solo centavo, lo que se busca es planificar y ordenar las cuentas”, señaló durante la entrevista.

Según la ministra, la discusión pública ha sido interpretada como un recorte presupuestario cuando, desde la perspectiva del Gobierno, se trata de ajustes administrativos para mejorar la gestión del gasto público.

El debate surge en medio de tensiones entre el Ejecutivo y algunos gobiernos provinciales por la distribución de recursos.

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Demanda de inconstitucionalidad abre nuevo frente político

La controversia se intensificó después de que la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, presentara una acción de inconstitucionalidad contra la normativa.

El recurso judicial busca que la Corte Constitucional analice si la reforma vulnera las competencias financieras de los gobiernos seccionales.

El caso abre un nuevo capítulo en la disputa política entre el Gobierno central y autoridades locales sobre el manejo de fondos públicos.

Gobierno cuestiona movilización de trabajadores

Durante la entrevista, la ministra también se refirió a la marcha organizada en Quito en rechazo a la reforma.

La funcionaria afirmó que el Ejecutivo cuenta con imágenes que evidenciarían que trabajadores de la Prefectura de Pichincha habrían sido obligados a participar en la movilización.

El señalamiento añade un componente político al conflicto institucional que se desarrolla entre autoridades del Gobierno central y la administración provincial.

Un debate sobre el uso de recursos públicos

El tema de los fondos para prefecturas, municipios y juntas parroquiales es uno de los puntos más sensibles en la relación entre el Estado y los gobiernos locales.

Estos recursos provienen en gran parte del Presupuesto General del Estado y son utilizados para obras públicas, servicios y programas sociales en los territorios.

La discusión actual gira en torno a cómo se distribuyen esos fondos y qué controles deben aplicarse sobre su uso.

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