El Gobierno Nacional emitió un pronunciamiento en el que defendió la aplicación del estado de excepción decretado en varias provincias del país.

La medida, según indicó, responde a la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público frente a los recientes hechos de violencia y bloqueos.

En su mensaje, el Gobierno recalcó que Ecuador es un Estado indivisible y que la soberanía pertenece a todos los ciudadanos, sin distinción. Por ello, ningún grupo u organización puede imponer sus demandas mediante la intimidación o la paralización de servicios públicos. “Esto no es represión: es cumplir la ley. Nadie está por encima de la ley”, enfatizó el comunicado.

El Gobierno también señaló que ciertos actores políticos buscan aprovechar el clima de tensión para imponer su voluntad, entre ellos, aquellos que piden suspender el proyecto minero en Quimsacocha. Sobre este tema, precisó que el Estado no continuará con su ejecución hasta recibir los informes técnicos del Municipio de Cuenca y la Prefectura del Azuay.

En el comunicado se recordó que en el actual Gobierno fue electo en las urnas, tanto en primera como en segunda vuelta, y que la democracia solo puede ejercerse a través del voto popular. “Quienes pretenden imponer su voluntad al margen de la ley deben comprender que la única vía legítima para gobernar es el voto”, recalcó el Ejecutivo.

Sobre una Asamblea Constituyente

El Gobierno remarcó que este camino debe darse en "democracia, a través de la consulta popular, y no con medidas de presión ni actos de fuerza."

Finalmente, el Ejecutivo aseguró que no cederá a la intimidación ni a presiones de carácter electoral. “Avanzaremos con firmeza, poniendo siempre en primer lugar los intereses del país y no los de quienes viven del conflicto”, concluyó.

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) September 18, 2025