Ecuador: ¿Cuál es la multa por incumplir el toque de queda?
Las personas que incumplan el toque de queda vigente en cuatro provincias del país podrían enfrentar penas de uno a tres años de prisión, según lo establece el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
La medida rige desde el 15 hasta el 30 de marzo de 2026 y forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno para enfrentar la violencia y la crisis de seguridad en el país.
A través del Decreto Ejecutivo 329, firmado por el presidente Daniel Noboa, se dispuso la restricción de la libertad de tránsito entre las 23:00 y las 05:00 en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, en el marco del estado de excepción vigente en estas zonas.
El ministro del Interior, John Reimberg, advirtió que las personas que sean sorprendidas circulando durante el horario restringido sin una justificación legal podrán ser procesadas penalmente.
“Quienes incumplan esta disposición enfrentarán penas privativas de libertad de uno hasta tres años”, señaló el funcionario, quien además aseguró que existe coordinación con el sistema judicial para procesar a los infractores.
Operativos para controlar la medida
La restricción de movilidad se aplica todos los días durante el periodo establecido y fue adoptada debido a los altos índices de homicidios y otros delitos que se concentran en horas nocturnas, según informes oficiales.
Para garantizar el cumplimiento del toque de queda, las autoridades han anunciado operativos coordinados entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con controles en calles, barrios y vías principales.
Estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno para reducir la movilidad durante la noche, afectar economías ilegales y debilitar a organizaciones criminales que operan en las provincias incluidas en el estado de excepción.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar la restricción de movilidad para evitar sanciones legales y facilitar el trabajo de los organismos de seguridad.
