Con la convocatoria a Mario Godoy son cuatro los presidentes del Consejo de la Judicatura que han sido llamados al Pleno de la Asamblea Nacional por diversas acusaciones, entre ellas presunto incumplimiento de funciones o presiones a jueces para incidir en fallos judiciales. Estos episodios reflejan la inestabilidad que atraviesa la institución, considerada clave para el funcionamiento del sistema de justicia en el país.

Una institución marcada por la inestabilidad

Desde 2019 hasta la actualidad, el Consejo de la Judicatura ha tenido cinco titulares: María del Carmen Maldonado (2019), Fausto Murillo (2022), Álvaro Román (2023), Wilman Terán (2023) y Mario Godoy (2024 hasta la fecha).

Los constantes cambios en la presidencia han coincidido con una etapa de cuestionamientos políticos, señalamientos públicos y dificultades estructurales que no han logrado ser superadas.

Déficit de jueces, fiscales y personal

En un reportaje publicado por Televistazo se indicó que, hasta julio de 2025, la Judicatura registraba un déficit de 753 jueces a nivel nacional en todas las materias. El área Civil concentraba la mayor carencia, con la necesidad de 232 jueces, seguida por lo Penal, con 175.

Durante una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Mario Godoy atribuyó estas falencias a “décadas de abandono, corrupción sistémica y la infiltración de redes narcocriminales”. Añadió que el 38 % de las judicaturas operaban sin personal suficiente, enfrentando una elevada sobrecarga procesal y “altos riesgos por el crimen organizado”.

Infraestructura deteriorada y falta de recursos

La crisis también se refleja en el estado de la infraestructura judicial. De un total de 124 edificaciones, el 50,6 % se encontraba en estado crítico; 87 inmuebles tenían una condición regular y apenas 34 estaban en buenas condiciones.

A este escenario se suma un déficit presupuestario de aproximadamente USD 200 millones, lo que limita la capacidad de respuesta de la Función Judicial.

Sistemas informáticos obsoletos

Los problemas tecnológicos agravan la situación. El 73 % de los sistemas informáticos no contaba con vigencia tecnológica y el 84 % de los equipos de red estaba descontinuado. Además, solo el 37 % de la capacidad de almacenamiento se encontraba disponible, lo que afecta la gestión de procesos y la seguridad de la información judicial.

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