La Corte Constitucional (CC) emitió la sentencia Nro 513-20-JH/26 en la que declara que seis adolescentes, detenidos durante las protestas sociales de octubre de 2019, fueron víctimas de vulneraciones a sus derechos humanos.

Según el máximo organismo constitucional, jóvenes, que en ese momento tenían entre 14 y 17 años, fueron privados de la libertad en condiciones irregulares y sin el respeto a las garantías que establece la Constitución. Dos de ellos pertenecían a comunidades indígenas.

La resolución indica que tras su aprehensión, permanecieron incomunicados, no fueron informados de inmediato sobre sus derechos y fueron trasladados a lugares no autorizados, además de permanecer junto a personas adultas privadas de libertad.

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La Corte también señaló que existieron denuncias de malos tratos durante el momento de la detención y que los adolescentes permanecieron privados de libertad durante 19 días bajo una medida de internamiento preventivo. Informes psicológicos evidenciaron que algunos de ellos presentaron estrés postraumático, ansiedad y otras afectaciones emocionales derivadas de la experiencia.

La sentencia dispone medidas de reparación para los afectados

La sentencia dispone varias medidas a favor de los afectados, entre ellas atención psicológica, compensación económica y becas de estudio y capacitación. Además, el Estado deberá ofrecer disculpas públicas y adoptar acciones para evitar que hechos similares se repitan, como la elaboración de protocolos y capacitación para el manejo de adolescentes detenidos en contextos de protesta social.

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