La Asamblea Nacional abrió una investigación tras la renuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció haber recibido presuntas amenazas y presiones relacionadas con un caso de narcotráfico. En este contexto, el presidente del Legislativo, Niels Olsen, convocó al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, para que comparezca ante el Pleno y explique los hechos.

Olsen confirmó que la comparecencia se sustenta en los antecedentes públicos del caso y en la preocupación ciudadana generada por la denuncia del magistrado. Para ello, solicitó que el pedido sea puesto en conocimiento de los asambleístas e incluido en el orden del día, paso previo a la votación que definirá la fecha y hora de la intervención de Godoy.

A través de su cuenta en la red social X, el titular de la Asamblea explicó que la decisión se tomó en el marco de sus atribuciones constitucionales. “He decidido convocar al Presidente del Consejo de la Judicatura para que comparezca ante el Pleno, frente a los representantes del pueblo ecuatoriano, en estricto cumplimiento de la Constitución”, señaló.

El origen del caso

La investigación se origina en la renuncia del juez Carlos Serrano, quien aseguró haber sido víctima de amenazas por parte de una persona que se habría identificado como funcionario del Consejo de la Judicatura. Según el magistrado, estas presiones estarían vinculadas a un proceso judicial por narcotráfico que involucra a Jezdimir Srdan, ciudadano serbio sentenciado a diez años de prisión por lavado de activos el pasado 20 de noviembre de 2025, dentro del denominado caso “Euro 2024”.

En imágenes difundidas por el medio Ecuavisa, se observa a Srdan realizando un gesto de amenaza de muerte hacia Serrano durante una audiencia, en la que el juez formaba parte del tribunal que conocía la causa.

En medio del caso, también se conoció que Dolores Vintimilla, abogada y esposa de Mario Godoy, asumió la defensa técnica de Srdan. Posteriormente, Vintimilla se pronunció mediante un video en el que confirmó que patrocinó al ciudadano serbio, pero aclaró que lo hizo cuando el proceso se encontraba en fase de investigación previa y antes de la formulación de cargos por narcotráfico.

La abogada explicó además que las notificaciones judiciales que recibió hasta el 25 de noviembre responderían a un error del sistema de notificaciones y aseguró no mantener contacto con las personas actualmente vinculadas al proceso. Según información del mismo medio, desde el 23 de noviembre de 2025 la defensa de Srdan está a cargo de la firma Chimbo Moreno.

La comparecencia de Mario Godoy ante la Asamblea se perfila como un punto clave para esclarecer las denuncias y determinar posibles responsabilidades institucionales en este caso.

El pronunciamiento de Godoy

Ante la información difundida en los últimos días sobre la situación del juez C.S.L., el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, aclaró que la asignación o el retiro de seguridad personal no es competencia de esa institución, sino de otra entidad del Estado. “La decisión de asignar o retirar seguridad personal no corresponde al Consejo de la Judicatura, sino a la autoridad competente, conforme al Acuerdo Ministerial 0150 y a los informes técnicos de evaluación de riesgo”, señaló.

Godoy explicó que fue el propio magistrado quien informó, mediante un correo electrónico enviado el 3 de diciembre de 2025 al Director Provincial de Pichincha, que su evaluación de riesgo emitida por el Ministerio del Interior había vencido el 30 de septiembre del mismo año. Una nueva valoración determinó un nivel de riesgo medio del 38 %, porcentaje que, según los criterios técnicos, no justificaba la asignación de resguardo personal. “Aun así, actuamos con responsabilidad y gestionamos de manera inmediata una nueva solicitud de seguridad”, aseguró el titular del organismo.

El presidente del Consejo de la Judicatura también confirmó que el juez solicitó acogerse a la modalidad de teletrabajo, pedido que fue aprobado conforme a la normativa vigente. “Se autorizó su desempeño remoto desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026, garantizando tanto su integridad como la continuidad del servicio judicial”, indicó.

Sobre la renuncia presentada el 4 de diciembre, Godoy precisó que esta no ha sido aceptada por el Pleno del Consejo. “El magistrado mantiene causas de conmoción social que requieren la emisión de sentencias por escrito, por lo que el proceso aún no puede cerrarse”, puntualizó