El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 88 votos afirmativos, el Proyecto de Ley Orgánica de Educación Financiera, una normativa que incorpora de forma obligatoria, progresiva y transversal la educación financiera en todos los niveles del sistema educativo, desde la educación inicial hasta la educación superior.

La nueva ley también abarca al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, la etnoeducación, así como procesos dirigidos a jóvenes, adultos y adultos mayores con escolaridad inconclusa. Durante la votación, la bancada de la Revolución Ciudadana votó en contra de la iniciativa.

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, destacó la importancia de la normativa y aseguró que busca dotar a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, de herramientas para usar mejor su dinero, evitar estafas y acceder a créditos de manera responsable. El titular del Parlamento fue crítico con la posición de la Revolución Ciudadana al indicar que “votan en contra de leyes que son de beneficio para el país”.

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Por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación, Cecilia Baltazar, señaló que el texto final incorporó aportes de varios legisladores, entre ellos temas relacionados con la prevención de fraudes electrónicos, el uso seguro de plataformas digitales, la protección de datos personales y las buenas prácticas para validar transacciones y solicitudes de transferencia.

Entre los ejes centrales de la normativa se contempla la construcción de una cultura financiera basada en principios de calidad, eficiencia, objetividad, oportunidad e interculturalidad, con enfoques de género, ciclo de vida, pertinencia territorial y respeto a las cosmovisiones de pueblos y nacionalidades.

Además, la ley asigna a la Autoridad Educativa Nacional y al ente rector de la política financiera y monetaria la responsabilidad de diseñar y ejecutar una estrategia nacional de educación financiera, con contenidos prácticos, metodologías pertinentes y procesos de evaluación con indicadores de impacto.

La normativa también dispone la capacitación continua de docentes y la coordinación interinstitucional para desarrollar contenidos educativos. A esto se suma la participación de entidades financieras públicas, privadas y de la economía popular y solidaria en el fortalecimiento de estas acciones.

En el ámbito no formal, la ley establece programas obligatorios de educación financiera para grupos de atención prioritaria, zonas rurales, emprendedores, migrantes y beneficiarios de programas sociales, los cuales deberán ejecutarse al menos una vez al año, sin fines comerciales y bajo principios de transparencia y protección al consumidor.

Asimismo, la normativa incorpora de manera expresa la formación en prevención de fraudes electrónicos, uso seguro de plataformas digitales, protección de datos personales e identificación de riesgos asociados a tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial.

Finalmente, la ley establece que su implementación será progresiva y dispone la expedición de un reglamento en un plazo de 90 días, además de una evaluación periódica de la política pública de inclusión financiera cada tres años.

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