Ankara.-

Con el argumento de evitar un segundo intento de golpe de Estado, el Gobierno turco suspenderá la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) mientras dure el estado de emergencia que rige desde ayer y que se extenderá en principio solo por 45 días, no los tres meses fijados inicialmente.

El Ejecutivo turco prometió tanto a sus ciudadanos como a la comunidad internacional que el estado de emergencia, el primero desde la década de los 80, no significará el retorno de una represión masiva que muchos dan ya por superada, a pesar de que 60.000 personas fueron detenidas o cesadas en los últimos días por su supuesta vinculación en esta asonada.  

El vicepresidente del Gobierno, Numan Kurtulmus, explicó que la suspensión de la Convención se hará “como en Francia”, en alusión a las medidas tomadas en ese país por la declaración del estado de emergencia por los atentados terroristas de los últimos meses.

En ese sentido, Kurtulmus insistió en que la declaración del estado de emergencia no significa la aplicación de la ley marcial y que los ciudadanos no se verán afectados. Los derechos de reunión y manifestación no serán cancelados. No habrá toque de queda y el Parlamento estará abierto y funcionando.

Aunque no es miembro de la Unión Europea, Turquía sí integra el Consejo de Europa, impulsor de la Convención Europea para los Derechos Humanos. Cualquier violación de alguno de sus artículos puede elevarse, tras agotar las vías judiciales domésticas, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Turquía es el segundo país, tras Rusia, con mayor número de sentencias condenatorias en la corte, basada en Estrasburgo.

El artículo 15 de la Convención indica que un Estado firmante “en tiempo de guerra o de otra emergencia pública que suponga una amenaza para la vida” puede adoptar ciertas medidas derogatorias. Esta provisión no permite, sin embargo, la derogación de los artículos que prohíben la tortura, la esclavitud y el castigo extralegal.   

Cuando el Gobierno turco aplique la derogación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidirá si se ajusta a los criterios previstos en el convenio, “particularmente el de proporcionalidad”, observó el Consejo de Europa en un comunicado.

El alegato del Gobierno turco, sin embargo, no convence a todos y genera dudas entre la comunidad internacional. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, expresó su preocupación por la purga masiva de funcionarios públicos y reclamó una investigación independiente.

La decisión del Gobierno turco llega en medio de una purga que afecta a 60.000 personas en varios ministerios y con especial hincapié en el sector de la educación, a los que hay que añadir casi 11.000 detenidos por implicación directa en el alzamiento, en su mayoría militares. (I)