La Justicia chilena ordenó el pago de una indemnización por $ 165.000 a 29 prisioneros políticos que recibieron torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet, y cuyos testimonios están incluidos en la oficial Comisión Valech, informó este miércoles 29 de agosto el Poder Judicial.

La sentencia, del Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, "rechazó los argumentos de excepciones de pago y de prescripción planteados por el fisco para el rechazar de las demandas", de acuerdo a un comunicado oficial.

La sentencia explica que no obstante la entrega de algunas medidas de resarcimiento -como pensiones asistenciales- éstas han "tenido un carácter general buscando una solución uniforme, abstracta, sin considerar la situación específica y particular", ni lo dispuesto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos que obliga al pago de una "justa indemnización a los lesionados".

En 2003, la llamada Comisión Valech -nombrada así en honor del obispo Sergio Valech, que desafío a la dictadura de Pinochet-, recogió el testimonio de 35.000 personas y logró acreditar que cerca de 28.000 de ellas fueron torturadas, en una de las prácticas más masivas de las dictaduras latinoamericanas.

La comisión estableció reparaciones económicas para los afectados, así como un plazo de 50 años para la reserva total de la identidad específica de cada testimonio.

Según el reporte, la mayor parte de las torturas y detenciones ilegales se realizaron en 1973, el año de instauración de la dictadura de Pinochet. Posteriormente, entre 1974 y 1979, se desarrolló la llamada "Guerra Sucia" contra la subversión, encabezada por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la temida policía política del régimen.

El informe describe también los métodos de torturas utilizados, entre los cuales se incluye la aplicación de electricidad, abusos sexuales, violaciones con animales, fusilamientos simulados, quemaduras en zonas sensibles y órganos genitales, entre otros.

En 1991, un año después del fin de la dictadura de Pinochet, otra comisión oficial estableció las circunstancias en que murieron o desaparecieron las 3.200 víctimas atribuidas a su régimen. (I)