Miles de educadores, profesionales de la salud y otros empleados públicos costarricenses realizan hoy el segundo y último día de paro general para demandar se archiven proyectos de ley que afectan los derechos laborales y económicos de los trabajadores.

Los organizadores de la huelga general, la Asociación Nacional de Educadores y el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, prevén para esta jornada movilizaciones regionales contra proyectos de ley que fomentarán el enriquecimiento ilícito de unas pocas familias y congelar o reducir los salarios de los empleados.

Este martes, en el primer día de la protesta, miles manifestantes marcharon desde el Parque La Merced y otros puntos de esta capital hacia la Asamblea Legislativa, portando banderas, pancartas, telas, entre otros, con sus reclamos y peticiones.

En la Asamblea Legislativa, los manifestantes exigieron a los diputados archivar proyectos de ley que pretenden empobrecer a miles de familias costarricenses y fomentar la mano de obra infantil y juvenil.

Los sindicatos enumeran 16 razones más por las cuales están en huelga general, entre ellas el respeto a los derechos laborales, económicos y sociales de la clase trabajadora y del pueblo costarricense, y el aumento del salario en el sector público y privado, de acuerdo con el costo real de la vida.

Asimismo, por el derecho a una educación pública, gratuita y obligatoria, el reconocimiento de los derechos de la policía penitenciaria; el derecho al agua como un bien público; menos estudiantes por grupo y más infraestructura educativa; y no más impuestos sobre las espaldas del pueblo.

Los manifestantes reclaman también que se deroguen las políticas dictadas por organismos y entidades financieras internacionales que buscan beneficiar a los sectores más poderosos; y que los grandes empresarios, políticos y banqueros paguen al fisco lo que les corresponde.

Marchan además por la defensa de las convenciones colectivas, porque entreguen la tierra a los campesinos que la trabajan y por el descongelamiento salarial de trabajadores en servicio y pensionados.

Los líderes sindicales garantizaron que los servicios esenciales a la población no serán afectados por la huelga general.

En respuesta a la protesta, el presidente Luis Guillermo Solís divulgó un mensaje a la ciudadanía en el que reconoce el derecho a la huelga, pero agrega que el paro carece de justificación.

Los objetivos de la manifestación -afirma- se pueden lograr sin paralizar el país, sin producir desorden en las calles y sin lesionar los servicios públicos, y sostiene que "quienes apelan al derecho a la protesta deben recordar que no hay un solo punto en sus demandas que no se encuentre presente, o pueda ser incorporado, a las negociaciones en curso".

A esto, los líderes sindicales respondieron que hasta ahora no han rendido frutos las conversaciones con representantes del gobierno sobre las peticiones y reclamos de la clase trabajadora. (I)