Londres.- El primer ministro británico, David Cameron, anunció ayer un nuevo plan para disminuir el acceso de los inmigrantes comunitarios a las prestaciones sociales de sanidad, vivienda y de desempleo, con el objetivo de terminar un sistema que, según su criterio “está fuera de control”.   

Cameron expresó sus intenciones de reducir el número de inmigrantes netos anuales de cientos de miles a menos de 100.000 personas en 2015, en un discurso dado en el campus universitario de Ipswich (este de Inglaterra).

En Reino Unido, con una población de 63 millones, viven dos millones de ciudadanos comunitarios (de 4,5 millones de extranjeros) a los que podrían afectar estas medidas.

Tras afirmar que los gobiernos laboristas anteriores en Reino Unido habían adoptado una política “blanda” hacia los inmigrantes, advirtió que los mismos ya no iban a recibir “algo a cambio de nada”.

El acceso a los servicios públicos era “algo que los inmigrantes se ganaban, no un derecho automático”, dijo Cameron, quien adelantó que entre las medidas se encuentran, por ejemplo, limitar a seis meses la duración de los subsidios de búsqueda de empleo o de desempleo.

Hasta el momento, toda persona oriunda del Espacio Económico Europeo (los 27 países de la Unión Europea más Islandia, Liechtenstein y Noruega) tienen derecho en Inglaterra a una prestación de 71 libras (igual a 110 dólares) semanales durante un periodo ilimitado solo por buscar empleo.

El premier espera que estos pagos se detengan después de seis meses, salvo que el beneficiario demuestre que está realmente buscando un empleo y tiene una posibilidad “genuina” de obtenerlo, lo que supone un buen nivel de inglés. También se buscará limitar la suma de las ayudas que reciben los inmigrantes por hijos que residen en el extranjero.

En cuanto al sistema de seguridad social, Cameron expresó que era un “Servicio Nacional de Salud gratuito, no un Servicio Internacional de Salud gratuito”. Agregó que “es correcto” que los inmigrantes europeos, o sus gobiernos, paguen por utilizar el Servicio Nacional de Salud (NHS), hasta ahora gratuito.

Para aquellas personas externas a la Unión Europea también se cobrará “de forma estricta” una tarifa por la atención médica o se exigirá que una aseguradora privada pague los servicios.

En cuanto a vivienda, los inmigrantes solo podrán pedir ayuda estatal después de que hayan vivido y contribuido al país durante dos años. Igualmente se les prohibirá a inmigrantes con irregularidades en su documentación la posibilidad de que alquilen viviendas.        

El Ejecutivo planea introducir estas medidas antes de que se eliminen las restricciones a la entrada de inmigrantes de Rumania y Bulgaria en 2014; las autoridades estiman que a partir del próximo año pueden llegar 13.000 extranjeros al país.

Además de ser un nuevo paso en su política para recortar la inmigración, el discurso de Cameron se produce también en un momento en que su partido conservador se encuentra bajo la amenaza electoral potencial del UKIP, una formación soberanista y antieuropea que está sumando militantes.

La Comisión Europea estudiará estas políticas británicas para asegurarse de que respetan los principios de libre circulación, o el derecho de residencia que existen en los tratados del bloque.

El responsable del Partido Laborista en temas de inmigración, Chris Bryant, concluyó que dichos anuncios “prueban la creciente lista de fracasos del gobierno, especialmente en terminar con la inmigración ilegal”.