Los suizos aprobaron ayer por una mayoría aplastante del 67,9% limitar los salarios excesivos y otros “paracaídas dorados” de los directivos de las grandes empresas.
En un referéndum histórico por su contenido, pero también por su forma -los 26 cantones sin excepción han votado a favor- los helvéticos han decidido que sean los accionistas y no los propios directivos los que decidan sobre sus remuneraciones.

La campaña alarmista de la patronal Economiesuisse y de los partidos de derechas de que una vez aprobada la reforma cientos de empresas se marcharían al extranjero y se perderían miles de empleos no ha surtido efecto, y la mayoría votó a favor de la conocida como iniciativa Minder -en referencia a Thomas Minder, el senador que la propuso- o también llamada iniciativa contra los salarios abusivos.

Solo 762.000 votantes dijeron no, mientras que más de 1,7 millones de ciudadanos apoyaron la medida.

La iniciativa pretende poner límite a los salarios que cobran los directivos de las grandes compañías a través del control y el aval de los accionistas.

En respuesta a las negativas los partidarios de las propuestas dicen que el éxodo es improbable ya que los bajos impuestos, la estabilidad política y la legislación favorable a los negocios hacen de Suiza una sede atractiva para algunas de las principales empresas del mundo.

El apoyo a la medida se disparó por la indignación sobre las grandes primas a las que se culpó el alimentar las inversiones de riesgo que casi hicieron caer al banco suizo UBS, y la indignación por la indemnización de 58,4 millones de euros al presidente saliente de Novartis, Daniel Vasella.

El  directivo renunció a la indemnización, pero el debate resurgió con fuerza y la propuesta ganó vigor.

La ministra de Justicia de ese país, Simonetta Sommaruga, se mostró convencida de que la economía helvética sobrevivirá con las nuevas reglas. “Su competitividad no depende solo del derecho de los accionistas sino también de otros factores con los que cuenta Suiza, como un buen nivel de formación, calidad de vida y estabilidad política”, aseveró Sommaruga.

Una vez que la normativa entre en vigor -el Gobierno tiene un año para redactarla e implementarla- se aplicará a todas las sociedades anónimas helvéticas que coticen en la bolsa suiza o en el extranjero.

Según la nueva ley, la asamblea general de accionistas de la compañía elegirá anualmente al presidente del Consejo de Administración y a sus miembros y deberá pronunciarse  sobre las remuneraciones del consejo de administración, de la dirección y del comité consultivo.

Prohibirá que los miembros de los órganos directivos reciban una indemnización por su partida, conocidos como los paracaídas dorados, así como primas por contratación.

Además, cuando los directivos abandonen la empresa no podrán obtener ninguna remuneración anticipada, ni podrán estar vinculados por contrato al consejo o a una sociedad del grupo.

Los estatutos de las empresas deberán regular todo lo relacionado con los bonos y las participaciones, así como los créditos y los préstamos que se puedan entregar.
Conscientes del rechazo que la propuesta generaría, los promotores de la iniciativa no olvidaron incluir sanciones en caso de que se violen estas disposiciones: un máximo de tres años de privación de libertad y una multa equivalente a la remuneración de seis años.

Los suizos votaron también  otra enmienda para el fomento de las escuelas infantiles, necesarias para mejorar las perspectivas laborales de las madres jóvenes y la conciliación de la vida familiar y laboral, pero no se aprobó porque no logró la mayoría de los cantones.