Washington.-

“Enciende una vela en nuestra vigilia virtual para mostrar tu solidaridad con aquellos que creen en la igualdad de trato y de oportunidades para todas las familias”.

Así rezaba el mensaje de Chirla (Coalición para los Derechos humanos de los Migrantes en Los Ángeles), cuyo objetivo era buscar el respaldo de la gente para rechazar la ley SB1070 de Arizona que criminaliza la migración ilegal y cuyos cuatro puntos más controversiales empezaron a ser analizados ayer por la Corte Suprema de Estados Unidos, tras dos años de espera.   

La convocatoria generó resultados: 30.000 velas virtuales se prendieron, según informaron a este diario activistas de este movimiento. Sin embargo, las señales de  rechazo y de apoyo a la norma se dieron también ayer en los exteriores del Tribunal Supremo. Estaba previsto, además, una marcha en Phoenix y otra en Tucson (Arizona).

Las protestas se extendieron a otros Estados y la noche del martes  grupos defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes realizaron una vigilia en Los Ángeles (California), en la que llamaron a que se declare inconstitucional la medida de Arizona, que califican como “una de las leyes de inmigración más duras e insensibles”.

El dictamen final de la corte, que sería en junio próximo, determinará no solo la constitucionalidad de la SB1070, sino que también marcará los límites de la autonomía de los Estados para poner en marcha sus propias leyes migratorias.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, llevó el caso ante la máxima corte después de que tribunales federales de menor instancia bloquearan las partes más polémicas de la ley. El argumento del Gobierno es que las normas migratorias solo deben promulgarse en el ámbito federal y los Estados carecen de atribuciones para ello.

Durante la  audiencia de ayer, que duró casi hora y media, tanto el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, como el juez Antonin Scalia, ambos de corte conservador, parecieron apoyar la posición del Gobierno de Arizona de que la SB1070 solo busca complementar las tareas migratorias del Gobierno federal. “Estamos hablando de conseguir que abandonen el país aquellas personas que carecen de derecho a estar aquí. No tengo ningún problema con eso”, manifestó Scalia.

Mientras tanto, luego de salir ayer de la Corte y exponer sus argumentos, Brewer reconoció que hay la posibilidad de que se den encarcelamientos masivos, si finalmente se desbloquean las secciones de la SB1070 que fueron suspendidas.

Entre las consecuencias que podría tener el desbloqueo de esas disposiciones está el eventual encarcelamiento masivo de personas, debido al elevado número de inmigrantes indocumentados que, según la ley, podrían terminar presos.

En la escalinata del máximo tribunal, la funcionaria argumentó ante los medios que Arizona tiene el derecho, y ella como gobernadora también, de comprobar la identidad de los ciudadanos del Estado.

Otra disposición de la norma que quedó suspendida es aquella que amplió los poderes de la Policía para que pudiese pedir los papeles a aquellas personas sobre las que se tuviera la sospecha razonable de que carecen de documentación.