El presidente filipino Rodrigo Duterte leyó este lunes durante un discurso televisado una lista de 157 políticos, jueces y personal de seguridad presuntamente vinculados al narcotráfico.

Cerca de 57 funcionarios, siete jueces y 93 soldados y policías figuran en la lista, así como los alcaldes de las islas de Luzón y Mindanao.

Duterte aseveró que es su deber jurado el hacer la información pública y precisó que asume total responsabilidad en caso de que alguien se incluyera por error.

Los inculpados recibieron la orden de entregar sus armas a la policía en 24 horas y sus licencias para portarlas fueron revocadas.

El jefe de Estado prometió protección policial a aquellos que confiesen su implicación con los carteles de la droga, hecho que debe ser tramitado de inmediato por la Corte Suprema.

Recientemente el alcalde de la ciudad de Albuera, Rolando Espinosa, y su hijo Kerwin se entregaron a las autoridades, tras el ultimátum de 24 horas dado por Duterte.

Cifras oficiales apuntan que desde el ascenso al poder de Duterte, cerca de 400 traficantes de drogas murieron y unos 600 mil consumidores se entregaron.

Organizaciones humanitarias y senadores filipinos lanzaron una investigación contra el mandatario a causa de su política de mano dura, que según ellos, alienta la impunidad de los homicidios.

El presidente número 16 de Filipinas aseguró en su discurso de investidura el 25 de julio, que no se detendrá hasta que el último narcotraficante esté tras las rejas o bajo tierra. (I)