Eran como las diez de la noche del viernes 19 de septiembre de 2014. Un hombre de 45 años trabajaba cuidando carros en el Barrio Antiguo, una zona céntrica en la norteña ciudad de Monterrey.

Llegó entonces un auto sin identificación oficial y bajaron 2 hombres. Interceptaron al cuidacoches, forcejearon y lo esposaron. Así lo subieron al vehículo que arrancó quemando llanta.

Todo ocurrió en 16 segundos y después, uno de los hombres no volvió a subir al carro, permaneció en el lugar como esperando algo. Colgó de su cuello una identificación del tipo Policía Ministerial instantes antes de que arribara al lugar una patrulla de Policía Municipal. Platicaron brevemente y el móvil se retiró. Entonces aparecieron otros agentes en bicicleta a quienes un joven interceptó con reclamos antes de ser apartado a golpes. De nueva cuenta los policías siguieron camino y todos se fueron, la calle quedó vacía.

Nada se supo del cuidacoches por una semana. Regresó contando que fue secuestrado y extorsionado por integrantes de las fuerzas mexicanas de seguridad. El hecho está grabado en un video casero que no ha sido difundido a la prensa pero sí fue presentado a la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (FUNDENL).

Comparten el contenido con EL TELÉGRAFO porque, dicen, demuestra que secuestros, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales no han cesado en el país pese al cambio de gobierno. En la presidencia de Enrique Peña Nieto, “los derechos humanos están cayendo en una crisis más profunda que en el sexenio pasado, que de por sí era algo grave”.

Habla Jesús González Ramírez, de FUNDENL. “En los primeros meses (Peña Nieto) replegó al ejército. Bajaron los enfrentamientos en zonas urbanas pero después volvió a sacar al ejército en ciertas ciudades y seguimos teniendo problemas fuertes de violaciones a los derechos humanos”.

Las autoridades “empiezan a ocultar a las víctimas, tanto de ejecuciones como de desapariciones, y obligan a cierta prensa a que ya no divulgue, cuando tenemos denuncias de que siguen ocurriendo”.

Organizaciones no gubernamentales estiman que durante la presidencia de Felipe Calderón (2007-2012) desaparecieron cerca de 20 mil personas y más de 7 mil han corrido la misma suerte en los primeros 20 meses de Enrique Peña Nieto.

Pese a los datos alarmantes, poco se habla del tema en el discurso oficial. De visita en España el presidente mexicano aseguró que “la inseguridad y la violencia “se redujeron el 25%” en el primer cuatrimestre de este año. Mencionó específicamente a Monterrey, donde dijo “los índices de delincuencia se han reducido sensiblemente”.

Para los familiares de las víctimas, la negación del Estado “es una afrenta. Porque desaparece a los desaparecidos”.

Los megaproyectos

Otro tema poco presente en la retórica del gobierno es la oposición ciudadana a los llamados megaproyectos. Nada se responde públicamente a las voces que, desde el campo, se alzan en contra de la explotación de recursos energéticos en tierras ancestrales.

Campesinos de 13 municipios se reunieron hace un mes en la Sierra Norte de Puebla para organizar el rechazo a nuevas minas e hidroeléctricas. En otro estado, Morelos, se conformó la Asamblea de Pueblos para frenar proyectos estructurales de gran calado y en Chiapas, sur del país, indígenas tseltales cuestionan los intentos por imponerles parques eólicos, presas, minas a cielo abierto y otras iniciativas de ese tipo. “Nuestras tierras no son mercancías”, sentencian.

Varios líderes de esos movimientos han sido encarcelados. Entre ellos Juan Carlos Flores, Enedina Rosas, Abraham Cordero y Marco Antonio Suástegui. Además, en días recientes las autoridades arrestaron a Mario Luna y Fernando Jiménez, caras visibles de la tribu Yaqui, un pueblo originario que hoy es emblema en la defensa del agua.

“Aquí es semidesértico, las precipitaciones anuales son como de 350 milímetros —explica Tomás Rojo desde el estado de Sonora. Bajo esa situación de escasez, el gobernador Guillermo Padrés construyó un acueducto que transvasa agua de la cuenca del río Yaqui al río Sonora. Tiene 150 kilómetros de distancia y lleva agua a Hermosillo (capital del estado) con el único objetivo de dársela a empresas transnacionales para fomentar negocios especulativos. El acueducto es ilegal porque el agua no se puede transvasar y mucho menos vender. Es injusto porque nosotros tenemos 2.500 años viviendo en esta parte”. Así sintetiza el conflicto vía telefónica, en días ajetreados mientras intentan liberar a sus compañeros presos y pelean por incluir el conflicto en la agenda mediática del país.

Tomás Rojo denuncia que les endilgan “delitos fabricados” pero también asegura que están conscientes de la importancia de su causa: “Esta es una lucha de alerta porque lo que hagan con la tribu Yaqui lo harán con todos los indígenas de México, con la sociedad civil y con todos los mexicanos”.

Se espera que los focos de conflicto aumenten durante los próximos meses conforme se aplique la reforma energética que autoriza, por ejemplo, la extracción hidráulica de gas shale, el fracking.

“Alimentos chatarra”

Algunos cuestionan que el presidente Enrique Peña Nieto solo refiere a temas polémicos cuando se encuentra en otro país. Así como antes habló de la inseguridad desde España, este 22 de septiembre en Nueva York admitió que “la desigualdad, injusticia y discriminación en contra de los indígenas todavía y lamentablemente es una realidad lacerante”. En la 69° Asamblea General de Naciones Unidas, aseguró que su gobierno tiene “una política transversal” para mejorar la calidad de vida de 62 grupos étnicos que representan el 12% de la población total del país.

“El discurso del presidente pinta muy bien pero en el terreno de los hechos es otra cosa, pues. El indígena siempre es discriminado, arrinconado”, dice con voz pausada Jesús Carranza, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) del estado de Guerrero, una de las 3 entidades con mayor población indígena junto a Michoacán y Oaxaca.

La principal política sobre este asunto es la “Cruzada nacional contra el hambre”, que promete atender a 6 de los 15 millones de indígenas que viven en el país. “Se la sacaron de la manga, no se hizo un estudio de los pueblos”, agrega Abad García, también de la CRAC. Relata que a las zonas habitadas por grupos Mepha’a y Na savi lo único que han enviado es “alimentos chatarra. No son nutritivos ni favorecen la salud de la gente. Son productos enlatados, huevo en polvo, comidas que no proporcionan nutrición a las personas”.

La más reciente medición oficial muestra que los indígenas son el grupo más afectado por la pobreza. Mientras el 53,3% de la población total del país no puede satisfacer sus necesidades básicas, en los pueblos originarios el porcentaje sube al 72% (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2012).

Además, el mismo estudio indica que 4 de cada 10 integrantes de etnias nativas no cuentan con alimentos para subsistir y el rezago educativo llega al 50%.

Un desolador panorama que se completa con la discriminación en los centros de salud. Historias —cada vez más frecuentes— de mujeres indígenas dando a luz afuera de hospitales porque les negaron el ingreso. Muertes agónicas como la de José Sánchez Carrasco, un jornalero de la etnia tarahumara. Su vida terminó afuera del hospital de Guaymas, Sonora, después de 5 días a la intemperie esperando atención médica. Nunca le ayudaron porque “llegó al hospital pero no contaba con dinero”, según el indolente funcionario de turno.