El expresidente de Perú Pedro Castillo sostuvo, el miércoles 28 de diciembre de 2022, que nunca cometió un delito de rebelión y defendió su recurso contra la prisión preventiva impuesta en su contra. Aseguró que "solo ha servido para polarizar" el país andino.

Así lo expresó durante su intervención en una audiencia organizada por el Poder Judicial de Perú para analizar la apelación contra los 18 meses de prisión preventiva dictados en su contra Castillo.

"Jamás he cometido delito de rebelión pues nunca me levanté en armas, ni he dicho a otros que lo hagan. Debo decir que quien sí se levantó en armas es este Gobierno tiránico que acabó con la vida mis 28 hermanos peruanos en Andahuaylas, Ayacucho y otros lugares", relató el expresidente, enumerando a 20 desaparecidos y más de 200 heridos.

Castillo se defendió afirmando que no cometió delito de conspiración, acusando a "aquellos que, desde el Congreso y otras instituciones", habrían maquinado la caída de su Gobierno a través de "sucesivos pedidos de vacancia presidencial y otras artimañas".

"Si mi familia tuvo que salir del país y refugiarse es porque en Perú corría peligro, no solo su libertad, sino también su integridad y sus propias vidas. Sin embargo, yo me quedaré aquí para afrontar cualquier proceso porque tengo la verdad de mi lado", recalcó Castillo durante su intervención.

En tanto, denunció que hasta el momento -desde su detención el pasado 7 de diciembre-, habría estado incomunicado, sin acceso a un teléfono para ponerse en contacto con su familia.

Por ello, rogó a los jueces supremos que reflexionen sobre "cómo esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto, solo ha servido para polarizar nuestro país, el cual requiere reconciliarse sobre la base de la justicia".

"Todo lo que se viene haciendo en mi contra, es parte de una venganza política, orquestada por haber chocado con intereses de grupos de poder económico y mediático. Por lo tanto, pido el cese al odio y se me deje en libertad por ser mi justo derecho", agregó el exmandatario.

La prisión preventiva decretada por el Poder Judicial peruano -y propuesta por la Fiscalía General- tiene lugar después de que Castillo anunciase la disolución del Congreso y la instauración de un Gobierno de excepción el pasado 7 de diciembre, hechos tras los cuales fue destituido por el Congreso y posteriormente detenido por las fuerzas de seguridad peruanas.