El Parlamento griego adoptó la noche del viernes por una mayoría de 155 diputados sobre 300, las medidas de rigor declamadas por los acreedores, UE y FMI para seguir haciendo efectivos los préstamos internacionales al país.

Sólo la mayoría que respalda a la coalición gubernamental compuesta por la izquierda del primer ministro Alexis Tsipras (145 diputados) y la derecha soberanista Anel de Panos Kammenos (10 diputados) votó a favor "del principio" de la ley escoba, que prevé sobre todo nuevos recortes en las jubilaciones y subidas de impuestos.

Una diputada de Syriza estaba ausente y un diputado de Anel votó en contra de seis artículos que se referían mayormente a las tasas inmobiliarias.

Toda la oposición, de los comunistas a los neonazis de Amanecer Dorado, votaron en bloque contra la ley, aunque ciertos diputados aprobaron diversos artículos, al término de un debate agitado. El rival conservador de Tsipras, Vangelis Meimarakis, denunció una ofensiva fiscal que generará recesión.

"Usted pide a Merkel (ndrl: canciller alemana Angela Merkel) que nos riña", ironizó dirigiéndose a Tsipras.

Las medidas previstas "no son nuevas, ya las conocían cuando votaron a favor del acuerdo del 13 de julio", suscrito in extremis entre Grecia y los acreedores del país para evitarle la salida del euro, objetó Tsipras.

Estas medidas "difíciles" son necesarias para mantener al país bajo perfusión financiera, "no perder el tren de la recapitalización bancaria" y abrir con los acreedores "la necesaria discusión para una reducción de la deuda", aseguró el primer ministro.

Esta votación era el primer test para su Gobierno, que obtuvo la confianza del Parlamento la semana pasada tras las legislativas anticipadas del 20 de septiembre, que su partido Syriza ganó por segunda vez en ocho meses.

Varios miles de personas se manifestaron por la noche en el centro de Atenas contra la adopción de esta hoja de ruta de rigor y reformas. La mayoría respondían al llamamiento del Partido Comunista y unos cientos al lanzado por el sindicato de funcionarios Adedy.

La ley adoptada aplica y amplía las medidas adoptadas a mediados de agosto por el Parlamento tras el acuerdo del 13 de julio.

Su aprobación era una condición impuesta por la UE y el FMI para hacer afectivo el próximo tramo de préstamos de 2.000 millones de euros. (I)