El presidente francés, François Hollande, defendió ayer el proyecto de ley laboral, cuyo texto el Parlamento empezó a discutir en el marco de una ola de protestas sociales que rechazan las reformas.

Esta reforma es “un compromiso dinámico y justo” y “un texto de progreso”, aseguró el mandatario socialista, mientras los opositores a la nueva ley se manifestaban nuevamente en París, como lo hacen desde dos meses en Francia.

Se trata sin duda del último proyecto importante del mandato de Hollande, y también el que desató las mayores protestas sociales, a un año de la próxima elección presidencial.

Sindicatos de trabajadores y de estudiantes organizaron un nuevo mitin cerca de la Asamblea Nacional, para oponerse a un proyecto que consideran “inaceptable”.
En la mañana, decenas de personas se manifestaron alrededor de la Asamblea, para interpelar a los diputados a medida que llegaban.

Desde el 9 de marzo, sindicatos y  estudiantes organizaron media docena de manifestaciones nacionales, algunas de las cuales dieron lugar a enfrentamientos con la Policía.

El proyecto de ley da mayores poderes a las empresas en materia de organización del tiempo de trabajo y de despidos. Pero para sus detractores, aumentará la precariedad laboral.

Los adversarios del proyecto consideran, además, que la primacía dada a la negociación por empresas sobre los diálogos por ramas profesionales significará que la ley no será la misma para todos los empleados.

Hollande argumentó el martes que el texto “aportará claridad y adaptación” a las empresas, “que lo necesitan, particularmente para contratar”.

El mandatario afirmó que los empleados “dispondrán a través de sus organizaciones sindicales de una mayor capacidad de actuar en el marco de la negociación colectiva”.

Ante el descontento social, el gobierno cedió ya en ciertos puntos de la ley, sobre todo renunció a fijar un tope de indemnizaciones en caso de despidos abusivos, lo que fue criticado por el empresariado, que exhorta a los diputados a volver al “espíritu inicial” del proyecto.

Además de los comunistas y ciertos ecologistas, varios diputados socialistas amenazan con no votar el texto en su estado actual.

“Ese proyecto no es útil para Francia ni para el interés general y no concuerda con las reformas que se esperan de un gobierno de izquierda”, afirmaron varios diputados socialistas en la víspera de la presentación del texto.

Por ahora “faltan cerca de 40 votos para lograr una mayoría y aprobar la ley”, estimó el relator del proyecto, el diputado Christophe Sirugue en declaraciones a la prensa francesa.

Para lograr nuevos apoyos, el texto, ya enmendado en comisión parlamentaria, tendrá que ser modificado en los 10 días de debates previstos. La votación será el 17 de mayo. (I)