La crisis política ocasionada por supuestas imputaciones de irregularidades en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revive hoy en la sociedad panameña la necesidad de una nueva Constitución.

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) formula un plan piloto para "resucitar" al sistema de justicia y este lunes discutirán la propuesta de reforma constitucional para despolitizar la elección e investigación de los jueces del Ã"rgano Judicial, actualmente en manos del Presidente del país.

El proyecto es la creación de un Consejo Nacional de la Magistratura, que se encargaría de nombrar a los magistrados y los procuradores, lo que se haría por cambio constitucional ordinario, por ser un tema puntual, dijo José Alberto Álvarez, presidente del gremio profesional.

Por su parte, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) exigió al presidente Juan Carlos Varela cumplir con su promesa de campaña e iniciar de inmediato la discusión, con todas las fuerzas vivas del país, para convocar a una Asamblea Constituyente y hacer transformaciones profundas en los órganos del Estado.

El PRD sostuvo en un comunicado, que una nueva Carta Magna cambiará la forma de escoger a los nueve magistrados de la CSJ y señaló su desacuerdo con la destitución de los actuales como solución, pues de mantenerse igual las designaciones, vendrán otras personas que también recibirán las críticas de la sociedad.

Este domingo, en su habitual opinión sobre problemas nacionales, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) reconoció "que atravesamos una crisis institucional de épicas proporciones y los miembros de la Corte Suprema de Justicia son sus nuevos actores".

"Las autoridades se demeritan unos a otros, llevando a la ciudadanía a percibir que cada día quedan menos instituciones y personas en las que puede confiar, mientras los funcionarios no se despojan de sus doctrinas partidistas y personales para servir al pueblo, respetando la Constitución", señaló.

La CCIAP reiteró su compromiso en "promover un escenario de pacífica convivencia y tolerancia, indispensable para renovar la Carta Magna, a través de reformas constitucionales puntuales y congruentes con este tema".

El escenario es visto con una óptica diferente por la organización Polo Democrático que señaló en un artículo reciente:

"Frente la mirada del pueblo panameño, el régimen político continúa su proceso de putrefacción heredado de los gobiernos de los últimos 25 años, disfrazados de democracia, pero en los que una oligarquía corrupta sigue mandando a través de un puñado de partidos".

La actual Carta Magna permite que se convoque una constituyente por el voto absoluto de la Asamblea Nacional o con la firma del 20% de los inscritos en el padrón electoral, lo cual enarbolan algunas voces a nombre de la ciudadanía.

El abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal y el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Sociales y Económicos (Frenadeso) insisten en que para recomponer el sistema panameño debe llamarse a una "constituyente originaria autoconvocada". (I)