Alexis Bethancourt, ministro de Seguridad Pública, en representación del Estado de Panamá, demandó el lunes, a todas las personas naturales y jurídicas vinculadas con la constructora brasileña Odebrecht ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, luego de que el departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció que pagó al menos $ 59 millones en sobornos a funcionarios para ganar contratos.

De acuerdo al portal de noticias  panameño TVN, Bethancourt actuó como querellante, luego de ser designado por el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, tras ser considerado como la persona “idónea” para presentar la demanda después de que fue director de la Unidad de Análisis Financiero.

Según el ministro, el objetivo es que el Estado de Panamá forme parte del proceso que adelanta la fiscalía para conocer y colaborar en las investigaciones. Además, permite al Estado recuperar el dinero en caso de que la fiscalía encuentre a los responsables de dar y recibir sobornos en este caso.

Al menos 17 personas son investigadas por este caso en Panamá, entre exaltos funcionarios y empresarios.

Entre los acusados están dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), Ricardo y Luis Enrique Martinelli, con orden de detención de Interpol bajo cargos de haber recibido más de $ 21 millones (20 millones de euros) en sobornos de Odebrecht.

El hermano del exgobernante, Mario Martinelli, y varios exfuncionarios también declararon por este caso. Organizaciones y sindicatos consideran que varias administraciones panameñas, incluida la actual, estarían implicadas en el pago a comisiones de la constructora brasileña. El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una investigación sobre Odebrecht. (I)

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Las obras que recibieron sobornos

La compañía multinacional Odebrecht es responsable de la construcción de importantes obras panameñas, como la Línea 2 del Metro, el proyecto de Renovación Urbana de la ciudad de Colón, la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, la revitalización del centro de la ciudad de Panamá (obra impulsada por el Municipio capital), entre otros. El gobierno decidió convertirse en querellante después de la presión ejercida por organizaciones de la sociedad civil. (I)