En su primera declaración indagatoria ante la justicia en una causa por corrupción, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner denunció ayer una “maniobra formidable de persecución política y de hostigamiento mediático” que, dijo, busca su proscripción y la “difamación y estigmatización” del “kirchnerismo”.

“Si en mi gobierno hubo una asociación ilícita, ahora hay una asociación ilícita terrorista, que impone el terror a la gente cuando va al supermercado o cuando le llega la factura de luz o gas”,  disparó la exmandataria a la salida de los tribunales. En concreto se la acusa de irregularidades en la concesión de obra pública con el fin de enriquecerse a costa del Estado.  

“Es una maniobra formidable de persecución política que no es original, que también pasa en Brasil y tiene como foco al expresidente Lula da Silva. Es una maniobra a nivel regional y acá obviamente del actual gobierno, que trata de tapar el desastre económico y social que hoy tiene la Argentina. Es una cosa que tiene que resolver la sociedad y eso se resuelve en elecciones”, deslizó la exjefa de Estado.

En diálogo con periodistas que la aguardaban a la salida de los tribunales junto a cientos de militantes “kirchneristas”, dijo creer que ahora “apuntan contra dirigentes que pueden ser candidatos y ponen en peligro a su electorado”. El país austral celebrará elecciones legislativas a fines de 2017.

La exmandataria no contestó preguntas ante el juez federal, Julián Ercolini, y pidió la nulidad del llamado a indagatoria y que se amplíe además la investigación a todos los empresarios que recibieron obra pública en sus dos mandatos (2007-2015), incluido Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente Mauricio Macri.(I)

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Licitaciones viales son investigadas

Fiscalía tiene 227 pruebas contra la expresidenta

La fiscalía asegura tener 227 pruebas contra la expresidenta sobre un plan sistemático para apropiarse de fondos públicos para enriquecer su patrimonio.

Según la acusación, el Estado derivaba obra pública al dueño de la empresa Austral Construcciones, Lázaro Báez, quien  está detenido por corrupción, a través de licitaciones supuestamente digitadas para trabajos viales en la provincia austral de Santa Cruz, histórico bastión “kirchnerista”. (I)