El terremoto político en que el Gobierno británico sumió a Reino Unido tras suspender el Parlamento hasta antes del Brexit, se agravó con la intención del Partido Laborista de legislar lo antes posible para evitar una salida abrupta e incluso presentar una moción de censura.

El escenario podría dar un vuelco aún mayor si hoy el Tribunal de Sesiones de Edimburgo, que se reunió ayer para deliberar si la decisión cumple con la legalidad, determina que el Gobierno del conservador Boris Johnson actuó fuera de la ley.

La corte civil de mayor rango de Escocia celebró ayer una vista presidida por el juez Lord Doherty, después de que un grupo de más de 70 diputados británicos contrarios al Brexit -la salida del país de la Unión Europea (UE)- presentase una demanda a inicios de agosto.

El plan para frenar las intenciones de Johnson pasa, según el líder laborista, Jeremy Corbyn, por “detenerle” a partir de un “proceso parlamentario que permita legislar y prevenir un Brexit no negociado”, que se pondrá en marcha el próximo martes, cuando la Cámara de los Comunes retome su actividad.

El jefe de la oposición británica destacó que contempla presentar una moción de censura contra Johnson “en el momento apropiado”.

Ante el revuelo generado por la suspensión del Parlamento durante cinco semanas y las acusaciones de que se trata de una maniobra “antidemocrática”, el Gobierno recalcó que es un movimiento “constitucional” y que los diputados tendrán “mucho tiempo para debatir antes del 31 de octubre”, fecha prevista para el Brexit.

El líder conservador en la Cámara de los Comunes, Jacob Rees-Mogg, afirmó que la polémica generada es creada por personas que no quieren que el país abandone la UE.

El calendario refrendado el jueves por la reina Isabel II implica que el Parlamento suspenderá sus sesiones entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre.

Con esto, los detractores de un Brexit sin acuerdo apenas tendrán tiempo para tramitar iniciativas que frenen este escenario. (I)