En Colombia los niños son los más vulnerados por la violencia y el abuso sexual. Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a diario un promedio de 28 menores de edad son víctimas de abuso en el país.  

Con este antecedente cargado de historias aberrantes de abusos cometidos contra niños, el Senado de Colombia aprobó, con 73 votos a favor y ninguno en contra, la “prisión perpetua revisable” para violadores y asesinos de menores de edad, después de que el proyecto de ley fue presentado y aprobado por el Congreso.

La norma, que reforma el artículo 34 de la Constitución Política, solo necesita la rúbrica del presidente Iván Duque, cuyo Gobierno tendrá un año para reglamentar su aplicación y la revisión de la Corte Constitucional ante la llegada de demandas que puedan interponer ciudadanos.

La congresista Martha Villalba, una de las promotoras del proyecto señaló en Twitter que se trata de “un día histórico para el país, las familias, los niños y niñas” y agradeció a sus compañeros y al Gobierno su apoyo.

Ese apoyo al que hace referencia fue representado por el presidente Duque, quien manifestó su alegría por la aprobación de la ley en su comparecencia para informar sobre la situación de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de covid-19 en Colombia.

La senadora Esperanza Andrade, una de las ponentes del acto legislativo, indicó que el trámite no fue nada fácil y que los tiempos se ajustaron, ya que el acto legislativo tenía que ser aprobado antes del 20 de junio para evitar su hundimiento.

No obstante, el proyecto no está exento de críticas. En un informe los miembros de la Comisión Asesora de Política Criminal, académicos y abogados expertos en política criminal, le dijeron al Gobierno que la cadena perpetua no solo no sería útil para prevenir estos delitos contra niños, sino inconveniente y violatoria de tratados internacionales.

Entre los argumentos que esbozó la Comisión está que esa pena es “cruel, inútil y desproporcionada”, que podía aumentar el hacinamiento carcelario y además tendría considerables costos fiscales por la manutención de los presos, y que el Estado terminaría gastando más dinero en la manutención de los victimarios que en el bienestar de las víctimas.

En Colombia, la cadena perpetua fue establecida en el año 1890 y abolida en 1910. Los Códigos Penales de 1936 y 1980 nunca establecieron penas únicas o fijas.

En el año 2009, una iniciativa legislativa buscó el referendo para implementar la prisión perpetua en Colombia, pero no tuvo el sustento jurídico para ser aprobado. (I)