El Gobierno uruguayo analiza una fórmula legal que permita dar respuesta a una solicitud de la Cruz Roja Internacional y a una aspiración del propio presidente José Mujica: que los militares presos por violaciones de los derechos humanos de mayor edad puedan salir de la cárcel y cumplir pena en sus casas, con sus familiares.

La solución no es simple. Mujica espera una respuesta de la Corte Suprema, pero esta tiene poco para hacer en este caso y, en definitiva, todo dependerá de la voluntad política del Presidente para proponer al Parlamento una solución legal, destaca el diario La Nación.

Mujica informó en Canal 4 que tenía un pedido de las Naciones Unidas y que no adelantaría nada sobre el caso, pero que iba en línea con su opinión de que en la cárcel no puede haber adultos mayores.

“Mi postura de índole filosófica ya es conocida. Tener viejos mayores de 70 años presos no corresponde”, declaró Mujica al semanario Búsqueda. “En otros países hay pena de muerte y afortunadamente aquí no la hay,  algún día la humanidad transitará caminos en cuanto a que tener un anciano preso no tiene sentido”, agregó el gobernante.

Los presos por hechos de la dictadura son el exdictador Gregorio Álvarez, nueve militares y dos policías vinculados al aparato de represión de aquellos años. Están en la Unidad Penitenciaria Nº 8, en los suburbios de Montevideo, que fue construida especialmente para estos presos durante el gobierno de Tabaré Vázquez.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Chediak, que asumirá en febrero la presidencia del Poder Judicial, dijo esta semana a La Nación que ese órgano no había recibido la carta de Mujica, pero anticipó que no se trata de un caso que pueda resolverse fácilmente.

“Cuando nos llegue la carta, la analizaremos con el interés que merece, pero advertimos que no iniciará un trámite oficial”, dijo el magistrado. Eso es porque ni un organismo internacional ni el Presidente de la República tienen legitimación para solicitar el final de cumplimiento de prisión.

Eso determina que lo que la Corte hará será analizar el planteamiento de Mujica y dar una respuesta sobre las vías legales, pero no estará en condiciones de iniciar un mecanismo que permita que esos presos por crímenes durante la dictadura puedan dejar la prisión.

Una misión de la Cruz Roja Internacional realizó recientemente visitas a las cárceles uruguayas. Luego de eso, remitieron a Mujica un documento confidencial, en el que le recomiendan que por “estrictos motivos de salud” considere la posibilidad de beneficiar con prisión domiciliaria a cinco militares.

Familiares de víctimas

No obstante, familiares de los desaparecidos cuestionan la propuesta. Óscar Urtasun, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo al diario El Espectador que, si bien el mandatario los trata de “viejitos”, para ellos siguen siendo “violadores de los derechos humanos”.

“Que tengan prisión domiciliaria es prácticamente como estar en libertad a su edad. Me parece que es una idea que hay que tomar con pinzas y debemos analizarla bien para tener una opinión contundente y clara”, mencionó.

Urtasun insistió en que “no es un tema que hay que tratar a la ligera. No queremos ser los villanos de la película, pero tampoco queremos que nos vendan gato por liebre”.

Sin embargo, advirtió que, si la iniciativa prospera, reclamarán que “sean médicos independientes” los que diagnostiquen la gravedad de los exmilitares detenidos en Domingo Arenas que pueden ser transferidos a reclusión domiciliaria.

Datos

La dictadura militar uruguaya empezó a gestarse en septiembre de 1971, al constituirse la Policía y las Fuerzas Armadas en fuerzas conjuntas para el combate a la subversión.

El 27 de julio de 1973 el presidente Juan María Bordaberry, elegido de forma democrática en 1971, disolvió las Cámaras, anunció la limitación de los derechos individuales, estableció censura de prensa y comenzó una dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1985.

El golpe se dio en el marco de las dictaduras que vivió América Latina en ese período de la Guerra Fría en el que la comunidad internacional hizo oídos sordos ante la temida perspectiva del avance del comunismo. La Comisión para la Paz que se creó en 2000 recogió más de 200 denuncias de desaparecidos uruguayos.