Ecuador y otros 10 países firmaron en Brasil un acuerdo para conformar equipos conjuntos de cooperación en las investigaciones de los sobornos pagados a funcionarios y políticos por la empresa brasileña Odebrecht y otras involucradas en el escándalo de corrupción brasileño conocido como Lava Jato.

El fiscal general del Estado de Ecuador, Galo Chiriboga Zambrano, y los demás fiscales generales reunidos en Brasilia dijeron también, en un comunicado, que decidieron ‘escuchar la exposición de los abogados’ de Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, para ‘dilucidar los ilícitos en cada país’ de la región.

El objetivo es darle celeridad al caso Odebrecht, que ha salpicado a una docena de países en América Latina y África, y determinar cuáles son los funcionarios no brasileños que fueron delatados por los ejecutivos corruptores de la empresa brasileña de ingeniería.

Los fiscales decidieron “promover la constitución de equipos conjuntos de investigación, bilaterales o multilaterales, que permitan investigaciones coordinadas sobre el caso Odebrecht y el caso Lava Jato”.

Así lo dice uno de los puntos de la Declaración de Brasilia, firmada por representantes de los ministerios públicos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela.

El encuentro fue organizado por el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, en el marco del capítulo internacional del caso Lava Jato, que tiene a Odebrecht entre sus ejes por haber admitido ante Brasil, Estados Unidos y Suiza haber pagado durante 15 años sobornos y contribuido ilegalmente a campañas políticas en 12 países.

Janot tiene en sus manos la delación premiada de 77 ejecutivos de Odebrecht y debe decidir si inicia acciones sobre los políticos y funcionarios denunciados por los arrepentidos.

En la Declaración de Brasilia, los fiscales generales acordaron “reforzar la cooperación jurídica, especialmente la realización de comunicaciones e informaciones espontáneas” y también “insistir en la recuperación de activos y la reparación integral de los daños causados por los ilícitos, incluyendo el pago de multas, según la legislación de cada país”.

La delación de los ejecutivos de Odebrecht está bajo secreto de sumario y forma parte de un acuerdo de lenidad de la empresa para poder seguir funcionando, ya que pese a su protagonismo en el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil continúa siendo líder en ingeniería y obra pública de alta complejidad en América Latina.

En otro de los puntos, los fiscales “exhortaron a los ciudadanos a apoyar a sus instituciones de persecución penal en las actuaciones que son conducidas contra la corrupción en los países firmantes”.

El acuerdo termina con el punto 8, que indica que los ministerios públicos deben reafirmar el “respeto irrestricto al principio de legalidad, el debido proceso legal y los derechos humanos, especialmente en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada transnacional”.

La empresa más grande de ingeniería de América Latina admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado sobornos en 12 países, por un monto cercano a los $ 1.000 millones, a cambio de contratos que le rindieron cien veces más.

Según la prensa local, 13 de los ejecutivos corruptores confesos de Odebrecht que hicieron acuerdos con Brasil han confesado sus lazos con América Latina y África en el supuesto pago de sobornos para obtener contratos de obra pública o para agradar a gobiernos nacionales, provinciales y municipales -más las oposiciones- de otros países.

La empresa había montado una suerte de ‘oficina de sobornos’ que manejaba todo tipo de menciones de pagos a políticos, entre los cuales aparece el presidente de Brasil, Michel Temer y el exmandatario de Perú, Alejandro Toledo, con orden de captura. (I)

DATOS

La escala de los sobornos a funcionarios a cambio de obras y de ayudas parlamentarias que orquestó el grupo brasileño Odebrecht se extendió por gran parte de América Latina, hasta con tentáculos en África y Europa e incluyó un sofisticado esquema de lavado de dinero.

Los fiscales generales de 11 de los países afectados por el escándalo se reunieron en Brasil con la idea de conformar equipos multilaterales que investiguen la red de corrupción que salpicó a gobernantes, políticos y empresarios.

De los 14 países invitados, los asistentes, además del anfitrión, fueron Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela. Por su parte, los fiscales que no pudieron asistir fueron los de Mozambique, Antigua y Barbuda, El Salvador y Guatemala.