La decisión de la Corte Constitucional colombiana de fallar una tutela (acción ciudadana) a favor de un ciudadano que solicitó en mayo del año pasado que se reanudara el proceso de revocatoria del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, es rechazada por diversos sectores de la sociedad colombiana por la proximidad de las elecciones regionales prevista para el 25 de octubre.

La resolución obliga a la Registraduría a convocar la consulta, que requiere de la aprobación de al menos 1’250.000 sufragantes, algo que parece difícil si se tiene en cuenta la alta abstención que se registra en la capital colombiana durante los comicios, en torno al 75% de más de 4,7 millones de electores.

El alcalde Petro dijo que ahora más que nunca, si se realiza la consulta popular, va a ir casa por casa para explicarle a los ciudadanos lo que ha hecho durante su administración. “Bienvenida la consulta popular, ese es nuestro terreno y durante todo este tiempo hemos estado sometidos a la votación de los ciudadanos, que saben lo que hemos aportado a su desarrollo social. No le tememos a una revocatoria”, sostuvo Petro.

Convocatoria sería en junio

Esta reacción se dio luego que el titular de la Registraduría Nacional (órgano electoral), Carlos Ariel Sánchez, expresó que reanuda el proceso para llevar a cabo la revocatoria de Petro y que acata el fallo de la Corte Constitucional. Pero, adicionalmente, va a solicitar dentro del plazo legal la nulidad de la decisión del organismo, ya que si se realiza el proceso deberá convocarlo a más tardar para junio próximo y tendría que financiarla con los recursos destinados para las elecciones de octubre.

El procurador Alejandro Ordóñez resolvió en diciembre de 2013 destituir a Petro de su cargo por irregularidades cuando intentó realizar cambios en el sistema de recolección de basura de la capital colombiana.

Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino en favor de Petro, el 19 de marzo del 2014, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ordenó la destitución de Petro. Pero, 35 días después, el Tribunal Superior de Bogotá anuló la destitución y Petro volvió a ejercer su cargo.

Casi un año luego de la decisión del tribunal, este martes el Consejo de Estado le concedió al alcalde medidas cautelares para que siguiera gobernando. Sin embargo, al día siguiente la Corte Constitucional ordenó al ente electoral reanudar el proceso de revocatoria contra Petro y garantizar que se efectúen las votaciones en el plazo de dos meses.

Varias voces se han levantado en Colombia contra esta decisión, incluso de los que promovían este proceso para sacar al mandatario ya no son optimistas y lo consideran  tardío.

Un proceso “inconveniente”

El dirigente Rafael Pardo, precandidato a la alcaldía de la ciudad del Partido Liberal y La U, y uno de los máximos favoritos de la contienda de octubre, dijo que “es inconveniente e inoportuno para la ciudad”. “No es justo someter a la ciudad a un proceso como estos y 2 meses después a unas nuevas elecciones. Lo conveniente es concentrarse en quién va a ser el nuevo alcalde de la ciudad. Este proceso hubiera tenido algún sentido hace un año, pero no ahora, cuando faltan menos de 10 meses para que termine el período del actual mandatario distrital”.

Por su parte, la precandidata de izquierda por el Polo Democrático, Clara López, quien también tiene una fuerte opción, señaló que “ya no es hora de revivir una revocatoria que ya no tiene efecto práctico, precisamente en este momento en que se está prendiendo motores, lo que genera una gran confusión en la ciudad”. Agregó que “la justicia que se imparta tiene que ser oportuna y conforme a la realidad sociopolítica que se esté viviendo. Es curioso que la Corte Constitucional, que solía adaptar sus decisiones conforme a la finalidad de sus normas, haya retrocedido a una decisión extemporánea”.

En el mismo sentido se pronunció el candidato del Centro Democrático, Francisco Santos, quien sostuvo que la “decisión de la Corte Constitucional es un mal y costoso chiste jurídico”. “Justicia tardía no es justicia. Podía haber modulado la sentencia”.

Mientras tanto, el precandidato del partido de los Progresistas-Mais, Hollman Morris, manifestó que “hay que tener en cuenta que la Corte Constitucional debe cumplir la ley. Seré el primero en salir a la calle a defender la Bogotá Humana. Petro no se va. No le veo sentido a la revocatoria ahora, pero debemos estar pendientes y no bajar los brazos”.

También la precandidata de Progresistas-Mais, María Mercedes Maldonado, indicó que “es una decisión inoportuna y que afecta a la ciudadanía”, porque habrá un factor de inestabilidad en la marcha de la administración. “Pienso que es una decisión muy formalista, desde el punto de vista jurídico, que no tiene en cuenta los tiempos ni el contexto de la ciudad”, mencionó, y se preguntó: “¿Qué sentido tiene revocar a un alcalde en los últimos meses de su mandato?”.

El también precandidato de Alianza Verde, Antonio Sanguino, dijo que “es un acto de irresponsabilidad revivir extemporáneamente cuando la ciudad ya se está volcando sobre el debate de la elección del próximo alcalde, es absolutamente inconveniente porque altera el normal desempeño del alcalde que debe estar pendiente de terminar la ejecución de su Plan de Desarrollo”.