Bogotá, Colombia.-

La aprobación y posterior firma de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, por parte del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ante el secretario  general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon,  el pasado 10 de junio, se ha convertido en uno de los hechos trascendentales y claves del actual Gobierno y puede marcar el inicio para poner punto final al conflicto que enfrenta este país desde hace 50 años.

Precisamente en el pasado Gobierno esta ley fracasó en el Congreso por la férrea oposición del mandatario Álvaro Uribe, quien no reconocía que en el país existiera  un conflicto armado y que en la reparación de las víctimas se debía poner en el mismo contexto a los familiares de los miembros de las Fuerzas Militares muertos por acciones de la guerrilla.

En los últimos 25 años, al menos dos millones de  hectáreas cultivables fueron robadas por grupos armados ilegales a campesinos e incluso al Estado colombiano, al que le fueron sustraídas entre 400.000 y 500.000 hectáreas en procesos fraudulentos. La meta del Gobierno es devolver y titular, pues, al menos dos millones de hectáreas en su cuatrienio de gestión (2010-2014).

Sin embargo, la ley que busca resarcir a cuatro millones de personas víctimas de la violencia y devolver las tierras arrebatadas por los grupos ilegales a 400 mil familias, puede ser una medida de doble filo para el actual mandatario si no se ejecuta hasta al final. Así lo consideran políticos, dirigentes de derechos humanos y activistas consultados por El Telégrafo.

Esta ley, que entrará en vigencia en junio de 2012 cuando, se prevé, esté redactado el reglamento que establezca topes a las indemnizaciones, entre otros asuntos, enfrenta enormes retos como el compromiso del Gobierno de asegurarles a las víctimas la no repetición de los hechos violentos, por parte de viejos y nuevos actores armados, y de garantizar la seguridad a quienes se les haya restituido sus tierras.

Para el parlamentario de izquierda del Polo Democrático, Iván Cepeda, quien es un fuerte opositor del Gobierno y que incluso perdió a su padre por la violencia de la extrema derecha, la intención es buena, pero hay  que ser realistas. 

Actualmente no hay forma de garantizar la seguridad para las víctimas, además no se han incluido a muchos afectados de la Unión Patriótica que fueron exterminados durante una década, precisa. “Por eso el cumplimiento de la ley es un arma de doble filo para el Ejecutivo, ya que se arriesga a dejar a muchos colombianos decepcionados si los campesinos regresan a sus parcelas y luego son asesinados”.

Según grupos no gubernamentales como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), el asunto de la seguridad no es un tema menor porque  al menos 48 líderes de grupos que reclaman la devolución de sus terrenos han sido asesinados entre 2002 y 2011.

El autor y ponente de la Ley de Víctimas, el senador Juan Fernando Cristo, manifiesta que “la mayor preocupación en la aplicación de esta ley es por el accionar de los victimarios y sus  testaferros, que pretenden imponer el miedo para que la víctimas de la violencia no reclamen sus derechos, y no exijan la reparación y restitución de tierras consagradas en la iniciativa.”

Para el político, el Gobierno debe replantear a fondo los programas de seguridad y protección de las víctimas para impedir que se cumplan las amenazas que ya se están dando en varias zonas del país, como en Catatumbo, Urabá y los Montes de María, “donde pretenden torpedear la aplicación de la Ley”.

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, explica a El Telégrafo que la ley abre una nueva etapa en Colombia frente al concepto de derechos humanos y su aplicación. “La aprobación de esta iniciativa es histórica porque beneficia a millones de colombianos que podrán rehacer su vida”, recalca.

El funcionario sostiene además que este es un gran mensaje del Presidente y de su Gobierno frente a la comunidad internacional y puede significar que este país redimensionará el alcance de sus compromisos en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. “No existe ningún país del mundo que haya adoptado una política de esta envergadura”.

Al explicar cómo será el proceso de implementación de la ley, el funcionario detalla que a partir del 1 de enero de 2012  la nueva institucionalidad empezará a operar plenamente. “En un año no es posible atender un compromiso de esta envergadura, pero se irá priorizando a la población más vulnerable”, detalla Vargas Lleras.

A su vez, el senador del Polo Democrático Alternativo, Luis Carlos Avellaneda, considera que otro de los desafíos de la ley es cómo se obtendrán los fondos para financiarla. Según estimaciones de legisladores y el Gobierno, la ley demandará al menos 20.000 millones de dólares en los próximos 10 años.

“Nosotros tenemos una alta deuda y un gasto militar muy grande y eso es lo que se privilegiaría. Ya después el gasto social hacia las víctimas quedaría sin un contexto”, señala el senador Avellaneda. El parlamentario hace énfasis también en la capacidad del Estado para apoyar económicamente y con proyectos de infraestructura a las personas que retornen a sus terrenos.

El ex consejero de paz, Daniel García-Peña, señala, por su parte,  que se requiere toda una política de desarrollo rural, de créditos, de política agraria, que permita que cuando el campesino regrese a sus tierras tenga la posibilidad de que su actividad económica sea rentable y pueda llevar sus frutos al mercado.